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Tras el informe del CSIC

Ecologistas exigen la demolición del complejo de Valdecañas y la restauración de la zona

Los técnicos que han trabajado en el documento encargado por el TSJEx remarca las "deficiencias" del estudio de impacto ambiental de la Junta.

11 enero 2019 | Publicado : 12:01 (11/01/2019) | Actualizado: 13:47 (11/01/2019)

Ep.

Las organizaciones que iniciaron el proceso judicial contra el complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, Adenex y Ecologistas en Acción, han subrayado que el informe de la Estación Biológica de Doñana sobre el proyecto es "demoledor" y "no deja resquicio alguno" para que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) no resuelva favorablemente a la demolición del mismo y la posterior restauración ecológica "activa y pasiva" de la zona.

Esta es la principal conclusión a la que han llegado las organizaciones ecologistas apenas dos días después de recibir este extenso informe, de 1.200 páginas, en el que más de 20 técnicos de este entidad dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han trabajado durante más de dos años para tratar de responder a las 14 preguntas formuladas por el tribunal extremeño que debe decidir sobre un incidente de inejecución de la sentencia que declaraba nulo el proyecto turístico situado cerca de Navalmoral de la Mata.

Una vez recibido el informe, el tribunal extremeño ha dado a las partes un plazo de tres meses para presentar alegaciones y propuestas antes de tomar una decisión definitiva al respecto, según ha avanzado en rueda de prensa la abogada de Adenex en la causa, María Ángeles López, quien ha señalado que, en todo caso, podría fijarse alguna vista previa para tratar de llegar a un acuerdo.

No obstante, los denunciantes son claros y manifiestan que el dictamen deja "poco margen de duda" al señalar que la "mejor opción" pasa por la demolición del complejo turístico y la posterior "restauración ecológica de la isla", lo cual propiciaría un "impacto ambiental positivo sobre la ZEPA (zona de especial protección de aves) a largo plazo".

En este sentido, creen que el dictamen deja sin argumentos a la Junta de Extremadura y a los propietarios de los terrenos que defienden que la ejecución de las sentencias que declararon nulo el Proyecto de Interés Regional (PIR) del resort dictadas por el propio TSJEx en 2011 y posteriormente por el Supremo, en 2014, causaría mayor daño ambiental que mantener en pie el complejo.

De hecho, dicho informe recoge en sus conclusiones que "mantener el complejo en su estado actual no puede considerarse en modo alguno una medida de conservación, sino la opción más perjudicial para la ZEPA, solo superada por el detrimento que causaría terminar de ejecutar el Proyecto de Interés Regional". Por tanto, añade, "la opción más beneficiosa es la restauración ambiental de la isla".

Asimismo, contempla que "la demolición seguida de una restauración ecológica tendría un impacto ambiental positivo sobre la ZEPA a largo plazo, en la medida en que suprime un foco de actividad humana permanente y devuelve el espacio ocupado, creando oportunidades de regeneración de los procesos ecológicos y de restablecimiento de la biodiversidad perdida por el uso urbano".

EN ZONA PROTEGIDA

Los técnicos recogen asimismo que no había "razones objetivas" para excluir la isla en la que se asiente el complejo de la ZEPA que protege la avifauna del lugar, donde residían, según los grupos ecologistas, especies protegidas como el águila real y otras de gran interés como grullas, cigüeñas negras o milanos.

En este sentido, el dictamen expone que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de proyecto tuvo "carencias importantes", así como el Plan de Vigilancia se desarrolló "de modo sumamente deficiente", según Adenex y Ecologistas en Acción.

Por todo lo anterior, estas organizaciones consideran que no hay motivos que impidan la ejecución de la sentencia que dictó el TSJEx en 2011, lo que supone que se debe proceder a la demolición del complejo urbanístico dando lugar al "mejor escenario de restauración" del espacio protegido por la Red Natura 2000, restituyendo así la "legalidad urbanística" tras más de una década de proceso judicial.

INFORME DEMOLEDOR, EN LOS DOS SENTIDOS

El coordinador de Ecologistas en Acción en Extremadura, Ángel García Calle, ha señalado que el informe es "absolutamente demoledor en los dos sentidos de la palabra", en tanto que "apuesta por la demolición" del complejo, y por lo "contundente" que es en sus argumentos, por lo que cree que el TSJEx tiene "pocas alternativas" para no resolver a favor del derribo.

Asimismo, ha señalado que el informe da "un varapalo extraordinario" a la DIA realizada por la Junta, que aprobó un proyecto "con una gran cantidad de deficiencias", y subraya que el informe presentado por la Administración regional para no ejecutar la sentencia es "sesgado" y está planteado de una forma "exagerada".

En todo caso, ha señalado que es más partidario de utilizar la palabra "desmantelamiento" que "demolición", en tanto que se recomienda la restauración ecológica "activa y pasiva" partiendo de la situación actual.

En esta línea, al activista Paca Blanco, también de Ecologistas en Acción y vecina del municipio de El Gordo, en cuyos terrenos se asienta el complejo, ha defendido que no se trata de demoler el complejo para dejar en la zona una "escombrera", sino que frente a la demolición tradicional se plantea un desmantelamiento selectivo con una correcta gestión de residuos por tipo de material.

Además, propondrán que en lugar de rehabilitar el espacio con técnicas convencionales de revegetación, se ponga en marcha un plan de restauración ecológica con una visión integral que permita recuperar el capital natural y la resiliencia del área de intervención, tal y como recoge la asociación n'UNDO en un plan de restauración de la zona realizado en 2015, y que Ecologistas en Acción tomaría como base para posteriores actuaciones en Valdecañas.

Blanco no ha escondido su felicidad tras conocer el documento y ha avanzado en este sentido que van a organizar una marcha a pie, una especie de "romería" a Valdecañas para celebrar lo que consideran que será el punto final a un proceso judicial iniciado hace más de una década.

Por su parte, el presidente de Adenex, José María González ha celebrado que este estudio realizado por científicos y encargado por el tribunal que debe decidir sobre el futuro del complejo haya ofrecido un resultado que "no es ambiguo ni relativista", por lo que considera que "no deja ninguna puerta abierta" ni ofrece "ninguna duda" para que el TSJEx no decida en un sentido que no sea el de demoler el resort y recuperar ambientalmente la zona. "No hay ningún resquicio", ha aseverado.

POSIBLES INDEMNIZACIONES
Preguntada sobre si la demolición del complejo conllevaría algún tipo de resarcimiento económico a los propietarios de los terrenos, López Lax ha señalado que sería necesario iniciar un nuevo procedimiento contencioso administrativo para determinar "posibles indemnizaciones a los propietarios que hayan actuado de buena fe que se vean afectados" por la sentencia.

Al respecto, ha señalado que las licencias de primera ocupación y, por tanto, las escrituras de los terrenos, fueron rubricadas con posterioridad a la declaración de nulidad del proyecto tras la primera sentencia contra el complejo, y por tanto a "sabiendas" de su situación jurídica, por lo que en este caso se consideraría que los propietarios no habrían actuado de buena fe.

De hecho, ha apuntado que una veintena de compradores, al tener conocimiento de esta situación, solicitaron la devolución de los importes entregados al sentirse "engañados" por haberles sido ocultada la sentencia de nulidad del proyecto. En este sentido, la abogada ha señalado que el Tribunal Supremo dio posteriormente la razón a los afectados que denunciaron a la empresa promotora.

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