ÚLTIMA HORA
Extremadura
SEO/Birdlife celebra el Día Mundial de los Humedales con actividades...
Este sábado organiza una ruta a pie por el pico del Guadiana en Badajoz saliendo desde la...
O financiación
30 enero 2026
Ep.
El impacto real de la figura del coordinador de bienestar es "muy limitado" por falta de tiempo, formación y compensanción económica, a pesar de estar presente en la mayoría de centros educativos.
Así lo revela el nuevo informe de Educo 'Más allá del papel: Progresos y retos en la implantación de la coordinación de bienestar y protección en centros educativos', que analiza los avances normativos y los retos persistentes en la implantación de esta figura clave para prevenir y detectar la violencia contra la infancia.
Con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, la ONG recuerda que la protección y el bienestar "son indispensables para el desarrollo pleno de la infancia; y que la escuela no solo enseña: también cuida, protege y acompaña, ya que sin bienestar no hay aprendizaje".
Para garantizar entornos seguros y libres de violencia en la escuela, defiende que la figura del coordinador de bienestar y protección "es esencial".
Sin embargo, advierte de que, cuatro años después de la aprobación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), este rol, aunque presente en la mayoría de los centros educativos, tiene un impacto real muy limitado.
Mónica Viqueira, especialista en Protección de Educo, que lleva años acompañando a centros que trabajan con infancia para prevenir y responder ante cualquier tipo de violencia, ha defendido que el coordinador de bienestar "puede marcar la diferencia en el día a día, ya que ayuda a prevenir y encauzar todo tipo de violencias: el acoso escolar, la violencia intrafamiliar, la sexual, etc".
"Permite detectar lo que a veces no se ve, como cambios de conducta o relaciones dañinas; es decir, alertas tempranas que, si no se atienden, pueden convertirse en situaciones graves. Necesita tiempo, formación y apoyo para poner en marcha medidas muy claras: enseñar a la comunidad educativa a detectar señales, activar protocolos a tiempo, coordinarse con servicios sociales y sanitarios y abrir canales de confianza con el alumnado y las familias. Si esto no existe, la figura se queda en el papel", ha advertido.
DIFERENCIAS TERRITORIALES
El informe alerta sobre brechas territoriales que ponen en riesgo la igualdad en la protección. Para empezar, avisa de que no existe una única normativa que obligue a tener esta figura con los mismos requisitos en todo el Estado; por ejemplo, en Castilla y León no tienen ninguna normativa y en Madrid, Asturias y Navarra solo se emiten circulares a inicio de curso.
Además, la ONG asegura que persisten "problemas graves" como la falta de disponibilidad horaria para ejercer la función, que en muchos casos depende de decisiones internas del centro.
Algunas comunidades como Canarias, Cantabria y Extremadura establecen tramos de disponibilidad horaria vinculados al tamaño del centro (de 2 a 5 horas semanales), mientras que otras como Aragón, Madrid, Murcia o Castilla-La Mancha asignan una bolsa general de horas que los equipos directivos distribuyen a su propio criterio.
Asturias ha ampliado recientemente las horas asignadas a esta figura, y Galicia permite asignar hasta dos sesiones lectivas y dos complementarias fijas. Sin embargo, en territorios como Andalucía, Baleares, Navarra, Ceuta y Melilla no se establece ni un mínimo de tiempo, lo que compromete la capacidad real de esta figura para cumplir su función.
El informe añade que la ausencia de reconocimiento económico también es un problema: solo Canarias, Cataluña y Galicia contemplan un complemento retributivo.
A ello se suma la falta de un perfil homogéneo para ejecutar el puesto, aunque la mayoría de territorios define algún requisito mínimo: algunas comunidades priorizan a docentes con formación o trayectoria previa en convivencia o protección, mientras que otras no concretan ningún criterio, lo que genera una gran disparidad en la cualificación y la experiencia de quienes asumen esta responsabilidad.
DEBE TENER UNOS CONOCIMIENTOS MÍNIMOS Y RECURSOS
"No basta con nombrar a cualquier profesor o profesora para salir del paso. Como figura crucial para la protección de la infancia y la adolescencia, debe tener unos conocimientos mínimos y se le tiene que asignar tiempo, formación y todos los recursos que necesite. Sin eso, tenemos una obligación legal que no se está traduciendo en una protección real de niños y niñas", afirma Viqueira.
Educo destaca que la formación es el ámbito que más ha mejorado a lo largo de estos cuatro años de implementación de la figura, ya que "la mayoría de los territorios han desarrollado propuestas específicas".
Cataluña, por ejemplo, articula itinerarios completos y personalizados según el conocimiento de partida de cada candidato; Madrid ofrece cursos obligatorios de 40 horas y niveles de profundización; y País Vasco vincula la formación a un autodiagnóstico del centro con módulos específicos. Sin embargo, muchas de estas iniciativas siguen centradas en la capacitación básica, y no alcanzan todavía el nivel de profundidad, continuidad y especialización requerido para ejercer con solvencia.
Por otra parte, la educación infantil de 0 a 3 años y las enseñanzas de régimen especial "siguen prácticamente excluidas del despliegue, pese a ser ámbitos críticos para la prevención y la detección precoz".
"Por lo general, las escuelas infantiles no cuentan con normativas específicas y en el caso de las escuelas privadas, no hay rastro de estas. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de escuelas infantiles en España son de ámbito privado, estamos dejando a una inmensa mayoría de niños y niñas sin opción a esta figura que los proteja. Además, hay que destacar la falta de formación específica para el profesorado que atiende a estas edades", asegura Viqueira.
El informe también denuncia la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y coordinación externa con servicios sociales, sanitarios y cuerpos de seguridad, así como la falta de estándares internacionales de protección infantil en la mayoría de las normativas.
"No basta con reaccionar ante la violencia; hay que prevenirla. Y eso requiere planificación, coordinación y compromiso político. Y urge porque la violencia contra la infancia es un problema grave y creciente. Sus secuelas se arrastran toda la vida ocasionando problemas de salud mental, trastornos alimentarios, adicciones, autolesiones o suicidios", concluye la experta.
