Extremadura
Preguntas a la Presidenta, Ley de Montes y ayudas al campo en...
Se preguntará sobre el presupuesto del Consejo de la Juventud y la fecha de apertura de los...
17 noviembre 2026
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La Asamblea de Extremadura celebra este jueves, 19 de noviembre, una nueva sesión plenaria que arrancará a las 9,00 horas, en el hemiciclo del parlamento regional, con las preguntas de los dos grupos de la oposición a la presidenta de la Junta, María Guardiola, sobre el presupuesto del Consejo de la Juventud y la fecha de apertura de los centros de convalecencia para personas mayores.
En concreto, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, preguntará a la jefa del Ejecutivo por su valoración respecto al "recorte" previsto al Consejo de la Juventud de Extremadura en la propuesta de Presupuestos para el 2027.
A continuación, el presidente del Grupo Socialista, ÁLvaro Sánchez Cotrina, centrará su cara a cara con la presidenta extremeña en la situación en la que se encuentra la puesta en marcha de los centros de convalecencia y cuidados continuados para personas mayores y de referencia comarcal.
Posteriormente, llegará el turno de los consejeros de la Junta, que responderán a cuestiones como el estado de las infraestructuras educativas públicas de la región, formulada por la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández; o por la situación del personal de limpieza de los Centros de Día dependientes del SEPAD, a cargo de la diputada socialista Judit Olivares.
Finalmente, la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, preguntará sobre la fecha en la que la Junta prevé aplicar la subida salarial a los empleados públicos aprobada por el Gobierno.
El siguiente punto del orden del día está formado por una interpelación sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de interrupción voluntaria del embarazo, formulada por la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández.
Posteriormente, se sustanciará la convalidación del Decreto-ley 6/2026, de 27 de octubre, por el que se regula la concesión de ayuda extraordinaria a explotaciones de cereza afectadas por adversidades climáticas y la concesión de ayuda de emergencia a explotaciones de cereal y apícolas por el incremento de costes provocado por la crisis de Oriente Próximo y se modifica la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.
El siguiente asunto será la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista para su remisión al Congreso de los Diputados de modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para facilitar la prevención de grandes incendios forestales en terrenos afectados por el fuego, que incluye una enmienda a la totalidad con texto alternativo, formulada por el Grupo Parlamentario Popular (PP).
El sexto punto del orden del día es una moción subsiguiente a la interpelación instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de gestión de personal, planteada por Unidas por Extremadura.
El pleno contempla el debate de dos propuestas de impulso registradas por los socialistas, en las que, por un lado, instan a la Junta a cumplir y actualizar el acuerdo aprobado por la Asamblea en enero de 2024 reiterando su apoyo a la vinculación de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC).
Y, por otro, a asumir las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de noviembre de 2026; a revertir su política de privilegios fiscales; a incrementar la transparencia sobre el gasto público y a publicar una estimación sobre el impacto de la inejecución en las políticas competencia de la Junta de Extremadura.
Finalmente, se sustanciarán dos propuestas de pronunciamiento de la cámara, en la que, en primer término, el Grupo Socialista insta al Parlamento Europeo a preservar, fortalecer y garantizar una financiación suficiente de LEADER y del desarrollo local participativo, así como el reconocimiento y fortalecimiento de los Grupos de Acción Local.
En segundo lugar, Unidas por Extremadura insta al Gobierno de España a defender el sistema público de pensiones; a promover una reforma constitucional que blinde el carácter público, universal y de reparto del sistema de Seguridad Social; a garantizar la sostenibilidad del sistema a través de ingresos públicos estables; a adoptar medidas para erradicar la brecha de género en las pensiones y a respetar el Pacto de Toledo.
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