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05 noviembre 2026 | Publicado : 18:11 (05/11/2026) | Actualizado: 20:20 (05/11/2026)
La Junta de Extremadura celebra que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el conflicto de competencias presentado por el Gobierno regional contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
Según el Ejecutivo Extremeño, esta decisión permitirá que el Alto Tribunal examine las discrepancias planteadas por Extremadura y la defensa de su capacidad para decidir "cómo planifica, gestiona y desarrolla sus propias políticas de vivienda, atendiendo a las particularidades y necesidades de su territorio".
El Gobierno regional recuerda que acudió al Tribunal Constitucional después de que el Ejecutivo central rechazara "íntegramente" el requerimiento de incompetencia presentado por Extremadura. La Junta considera que algunos aspectos del Plan "exceden las atribuciones estatales y condicionan decisiones que corresponden a la Administración autonómica".
Entre los aspectos del Plan que la Junta considera contrarios al reparto competencial figuran las condiciones para mantener la protección permanente de algunas viviendas, la regulación de las zonas de mercado residencial tensionado y la exigencia de autorización estatal para ciertas actuaciones financiadas con fondos públicos.
A juicio del Ejecutivo autonómico, estas medidas pueden "limitar" la capacidad de Extremadura para planificar y desarrollar su propia política de vivienda.
El Ejecutivo extremeño defiende, así, la cooperación y la colaboración entre administraciones como principios "fundamentales" para abordar el acceso a la vivienda, pero insiste en que deben desarrollarse "siempre desde el respeto a las competencias de cada una".
La Junta subraya que "la colaboración institucional debe permitir sumar esfuerzos y recursos, sin menoscabar la capacidad de decisión que corresponde a las comunidades autónomas".
PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO EXTREMEÑO
En este contexto, la construcción de vivienda constituye una "prioridad" para el Gobierno extremeño, que está impulsando medidas propias para incrementar la oferta residencial y facilitar el acceso.
Entre ellas, figura el Plan Habita Extremadura, que prevé la construcción de 3.500 viviendas públicas, dentro del Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030.
A esta iniciativa se suma el Decreto-ley 4/2026, de 28 de julio, de actuaciones urgentes en materia de urbanismo para la agilización de la aprobación del planeamiento y su ejecución y el impulso a la promoción de vivienda.
Esta norma busca simplificar trámites, reducir cargas administrativas, facilitar la disponibilidad de suelo y acelerar la construcción de nuevos hogares.
Precisamente, el Gobierno de España ha iniciado un procedimiento que "pone en duda" la constitucionalidad de siete artículos de este decreto-ley, sobre el cual la Junta defiende su legalidad y buscará un "acuerdo" con el Estado para resolver las discrepancias.
La Junta considera "fundamental" disponer de instrumentos propios para responder a las "necesidades residenciales" de Extremadura y "avanzar en políticas adaptadas a su realidad territorial".
Por ello, seguirá impulsando medidas para aumentar la oferta de vivienda y defendiendo el ejercicio de las competencias autonómicas en esta materia.
