Delegada Gobierno y Confederaciones Tajo y Guadiana tratan actuales y futuras inversiones

La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, ha mantenido un encuentro con los presidentes de los dos organismos de cuenca que corresponden a la demarcación de la región, como son las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Tajo, Samuel Moraleda y Antonio Yáñez, respectivamente, con los que ha abordado tanto las inversiones que se están realizando en estos momentos como las que están en planificación.

También, han confirmado que existen las reservas correspondientes para las inversiones de los proyectos industriales previstos en ambas provincias, "que están en la planificación de interés más relevante para la comunidad autónoma".

Sobre esto último y las reservas de agua para este tipo de proyectos, ha matizado que "ahora mismo" se refiere a los que están planificados y aprobados, así como a todo lo que está coordinado con la Junta de Extremadura y que está incluido.

En relación a iniciativas como los centros de datos proyectados en la región, ha apuntado que, a medida que son autorizados y requieren de los informes sectoriales, "se van autorizando a demanda"; en todo caso, "lo más importante es lo que estaba consolidado y lo que ya estaba incluido en planificación y en demanda autorizada".

Del mismo modo, en el encuentro, han abordado las demandas que existen y lo que será la planificación de los próximos planes de cuenca, donde se van recogiendo las demandas de comunidades regantes o de otros proyectos industriales futuros.

"Todo en interés de conseguir una eficiencia, una eficacia y un servicio a los ciudadanos y al desarrollo de nuestra comunidad autónoma", ha apuntado.

Asimismo, han hablado de los trabajos que se desarrollan por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo para la prevención de la contaminación de las aguas tras los incendios, un organismo que está trabajando con las barreras en el norte de Cáceres, a la par que ha sumado otros asuntos abordados tales como cuestiones relativas a las relaciones con otros organismos como la Junta de Extremadura o las diputaciones.

También en cuanto a convenios que se tienen que seguir desarrollando y firmando relacionados, ha ejemplificado, con la planificación "normal" y en los que trabaja la Administración General del Estado, al tiempo que se ha referido al intercambio de información "para que todo vaya en orden" y ha reafirmado que el Gobierno de España "sigue trabajando en Extremadura" y que "hay que darle continuidad a todo lo que se está haciendo".

OTRAS OBRAS

Por otro lado y sobre la situación de la autovía de Monfortinho y la prolongación al país vecino de la EX-A1, María Teresa Macías ha hecho hincapié en que, por parte del Gobierno de España, se ha hecho el trámite diplomático, trasladando el borrador del convenio necesario a las autoridades portuguesas.

Hace poco, se ha visto cómo el alcalde de Castelo Branco ha preguntado al Gobierno de Portugal sobre los fondos que ponía el lado portugués, en este caso correspondiente al Ejecutivo luso para la ejecución de las inversiones en aras de completar el tramo; mientras que en la parte de la Junta de Extremadura hay un estudio de viabilidad del año 2025 encargado y será dicha administración regional la que pueda avanzar la información que tiene sobre el mismo, que hablará del tráfico previsto o la solución que se le da respecto a la gestión de la autovía bajo un modelo público-privado.

Así, "la parte que tenía que hacer el Gobierno de España es un trabajo que está hecho", ha incidido, junto con que "ahora ya tendrá que hablar la Junta de Extremadura de qué información hay del estudio de viabilidad y los avances que se puedan realizar".

Sobre las obras previstas en el canal de Montijo, Macías ha detallado que el importe es de 33,4 millones de euros del convenio que se ha firmado recientemente y que son obras encaminadas a mejorar la eficiencia en el uso del agua y de la energía, y a que haya una rentabilidad en las explotaciones, un ahorro para los regantes y en el uso del agua y una mejor eficiencia.

Los trabajos se pagan al 50 por ciento por parte del Gobierno de España a través de la Seiasa y los regantes aportan un 20 por ciento, mientras que el 30 por ciento restante, que son 7,7 millones de euros, corresponden a la parte de la comunidad autónoma, de los cuales el 75 por ciento son fondos europeos.

Al respecto, ha ahondado en que el Gobierno sigue trabajando y que ese convenio "no llega de ahora" sino que es fruto de un trabajo realizado con anterioridad "con los regantes como protagonistas", a la par que ha sumado que se sigue trabajando en futuros convenios para la modernización del regadío, cuya importancia ha destacado especialmente en el caso de aquellos sostenibles, que ayudan a afrontar "de una mejor manera" el cambio climático que define como "una realidad muy patente en la comunidad".