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PP y Vox acuerdan el rechazo al reparto de "inmigrantes ilegales" y blindar Almaraz

Entre las medidas, también la defensa del sector agrario extremeño frente a la Agenda 2030, o la garantía de ejecución del regadío de Tierra de Barros.

16 abril 2026 | Publicado : 22:04 (16/04/2026) | Actualizado: 23:06 (16/04/2026)

Ep/Rd

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura contempla, entre sus 74 medidas el rechazo del Gobierno regional al reparto de "inmigrantes ilegales" por parte del Ejecutivo de Sánchez.

También establece la reducción de un 50 por ciento de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas "sin utilidad pública", y "al mínimo legal" en el caso de las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo.

Un acuerdo de 23 páginas que han firmado los responsables del PP y de Vox en Extremadura, por el que ambos partidos acuerdan constituir "un Gobierno de coalición único, con pleno respeto a la jerarquía y competencias de sus miembros".

Así, ambas partes se comprometen a "actuar con lealtad, transparencia y comunicación permanente en aras de la búsqueda del bien común y la toma de las mejores decisiones para Extremadura y España", un compromiso que, "no es incompatible, sino al contrario, con el respeto a las diferencias ideológicas".

Según el documento, un pacto que "nace con vocación de dar estabilidad a Extremadura durante toda la legislatura y cuatro años de progreso, libertad y futuro para la región", estableciendo un "compromiso presupuestario de legislatura y optimización del gasto público".

En el marco de este acuerdo, PP y VOX se comprometen a elaborar y aprobar unos presupuestos anuales que permitan llevar a término en tiempo y forma que se recogen en el acto, así como otras que se adopten en el desarrollo de la acción de gobierno, "siempre buscando reducir la presión fiscal que soportan los ciudadanos y el gasto superfluo".

Asimismo, reafirman que la Junta de Extremadura "velará por la eficiencia presupuestaria, el buen uso del dinero público y la optimización de los recursos", todo ello con el objetivo de que "reviertan de forma directa en la mejora de la calidad de vida de los extremeños", establece el texto acordado.

En materia de energía e industria, PP y Vox acuerdan "blindar la continuidad de Almaraz y eliminación de la ecotasa energética, la puesta en marcha de un Plan integral de atracción y dinamización de la actividad industrial en Extremadura, o el refuerzo y la planificación de las redes eléctricas como "palanca para la industria y la vivienda".

Por parte de la Junta, se establece la "protección del suelo productivo y de uso tradicional y del patrimonio ante el avance de las fotovoltaicas".

En cuanto al sector primario, cuya consejería será de Vox en la nueva legislatura, se establece un "blindaje" de este sector frente a la agenda 2030, la "certeza de ejecución" del regadío Tierra de Barros, la puesta en marcha de un plan de modernización de regadíos y otro de caminos rurales, así como el objetivo de "flexibilizar o suprimir las normas que arruinan al sector primario", entre otras medidas.

MEDIDAS DE INMIGRACIÓN

Este pacto PP-Vox establece una serie de medidas de inmigración, entre las que destaca que la Junta de Extremadura "se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad".

También abogan por la adaptación del nuevo Reglamento Europeo de Retornos, así como por trabajar "activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen".

Además, se establece que "no se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes".

Asimismo, el "endurecimiento del régimen disciplinario" dentro y fuera de los centros donde se alojan menores no acompañados con medidas judiciales, así como la verificación de la edad de estos inmigrantes, y se contempla hacer una auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva.

El acuerdo la "supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal", la creación de una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva, y la prohibición del uso del burka y nicab en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, "por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia".

Además, el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí "se dejará de forma inmediata en los centros de Educación Primaria y Secundaria de la región".

REBAJA DE IMPUESTOS

En cuanto a los impuestos, PP y Vox han acordado una reducción del IRPF, de tal forma que en cada año de la legislatura, se aplicará una bajada progresiva del 0,25 por ciento en los dos primeros tramos de la vigente tarifa autonómica, "con la finalidad de acumular una reducción total de 1 punto porcentual en ambos tramos" tras los cuatro años.

Entre otras medidas, se prevé además una ampliación de la bonificación del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones, una reducción del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, así como una reducción general de tasas autonómicas.

VIVIENDA Y SANIDAD

Sobre las medidas de Vivienda, el acuerdo firmado entre PP y Vox establece la construcción de "al menos" 3.500 nuevas viviendas protegidas durante la legislatura, así como un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social "inspirado en el principio de prioridad nacional" o la bajada de los tipos reducidos del ITP y pago a diez años sin intereses.

Se fomentará un plan de mejora de la sanidad extremeña, la equiparación salarial progresiva entre los trabajadores del SEPAD y servicios sociales que tienen la misma categoría sanitaria que los profesionales del SES, un plan de infraestructuras sanitarias, o el control etiquetado que deba indicar el origen del producto.

En materia de seguridad, el acuerdo establece una "aplicación firme del desalojo exprés y refuerzo de la protección a las víctimas de ocupación ilegal", así como una "defensa jurídica y protección efectiva frente a la ocupación ilegal".

Junto con ello, se recoge que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas "se inspirará en el principio de prioridad nacional",

Se contempla además un refuerzo de las rutas, frecuencias y horarios del transporte público, para garantizar que "todos los ciudadanos puedan acceder a su centro sanitario, educativo o a los servicios sociales en un tiempo máximo de 60 minutos".

Y, la política de subvenciones, los contenidos educativos y las iniciativas institucionales se alineará "con los principios de concordia, reconciliación y unidad recogidos en la nueva Ley de Concordia".

GASTO "IMPRODUCTIVO"

El acuerdo PP-Vox dedica también un apartado al "gasto improductivo", en el que se establece la realización de auditorías exhaustivas y periódicas de los recursos públicos; la reducción del 50 por ciento de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas "sin utilidad pública"; la acreditación de la utilidad efectiva de las ayudas públicas recibidas, y la reducción "al mínimo legal" de las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo.

En materia de Educación, este acuerdo añade la homologación salarial progresiva a la media nacional para los docentes extremeños, la gratuidad de las escuelas infantiles 0-3 años o la priorización de los productos de proximidad y de origen Extremadura y España en los comedores escolares.

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