Extremadura
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21 octubre 2025
Ep.
La Unión Sindical Obrera (USO) ha criticado que los Presupuestos Generales de la Junta de Extremadura (PGEx) para 2026 "olvidan" y "vuelven a dejar fuera" al personal de la Administración General, un colectivo formado por miles de hombres y mujeres que sostienen el funcionamiento diario del Ejecutivo autonómico, en relación al cual ha anunciado la convocatoria de una huelga si no se abre una negociación salarial.
En este sentido y mientras la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha afirmado esta semana que estos presupuestos "son para lo importante", desde USO replican que, de ser así, el gobierno de María Guardiola está demostrando que sus propios trabajadores no lo son, así como que esta reivindicación afecta a cerca de 18.000 empleados públicos que reclaman la equiparación retributiva con los de otras administraciones de la región.
Un informe elaborado por USO "muestra una realidad que no se puede seguir ignorando", ha continuado, como que los empleados públicos de la Administración General cobran un 20 por ciento menos de media que en otras administraciones autonómicas.
En los grupos superiores, la diferencia supera los 10.000 euros al año y en los puestos de jefatura la brecha puede llegar al 40 por ciento. Una desigualdades que se arrastran desde hace más de una década, precisa.
El secretario general de USO a nivel confederal, Joaquín Pérez, y en Extremadura, Luis Manuel Gil, han ofrecido este martes una rueda de prensa en la que han expuesto que los PGEx para 2026 no incluyen "ni un solo euro" destinado a la equiparación salarial del personal de la Administración General y que, en cambio, sí recogen una partida de 23 millones de euros para la subida salarial de los docentes en lo que califican como una medida "positiva", pero que aumenta la brecha entre colectivos dentro de la propia Junta.
En este contexto, han detallado que los trabajadores de la Administración Pública han perdido cerca de un 20 por ciento de poder adquisitivo desde 2010 debido a las negociaciones realizadas por los sindicatos mayoritarios para la subida anual, que han sido por debajo de las subidas del IPC; a la para que han avanzado que, por ello, USO ha decidido dar "un paso más" y, en la solicitud de mediación previa registrada ante la Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura, ha incluido un calendario de huelga que contempla como primera jornada de paro el 14 de noviembre.
Estas jornadas de paro se desarrollarán dos veces al mes hasta diciembre de 2026 y a partir de enero de 2027 se pasará a huelga indefinida, acompañada de movilizaciones y concentraciones si la Junta no abre "de inmediato" una mesa de negociación.
TRABAJADORES DE PRIMERA Y SEGUNDA
En su intervención, Joaquín Pérez ha denunciado, ante la presentación de los PGEx para 2026 por parte de la Junta de Extremadura, que "dejan fuera a una gran parte del personal de la Administración General" y "en segundo lugar" a quienes sacan adelante el Ejecutivo regional día a día, de manera que "vuelve a diferenciar" entre trabajadores de primera y de segunda en función de dónde se esté trabajando.
Unas cuentas que sí contemplan una partida que también es una reivindicación de USO, como la de 23 millones para la subida salarial de los docentes, ante la que consideran que debería haber sido "mayor" por la diferencia existente respecto a otras comunidades y que en este caso deja "fuera" al colectivo de trabajadores de la enseñanza concertada.
De igual modo, ha criticado la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los trabajadores de la administración pública, que cuantifican en dicho 20 por ciento, a la par que ha hecho hincapié en que han pedido en "numerosas" ocasiones abrir una mesa de negociación con la administración pero se les ha ido diciendo que esperen o les han respondido con el silencio, y en que, tras la presentación de unos presupuestos que no incluyen "ni un solo euro" destinado a esa equiparación salarial que reclaman, no han tenido "más remedio" que convocar unas jornadas de huelga.
Así se lo están demandando los trabajadores de la administración pública, ha aseverado sobre estas jornadas de huelga que piden "lo que es justo, que es un camino de equiparación retributiva". "Si no hay una rectificación por parte de la Junta" seguirán con el calendario marcado y seguirán "adelante" por lo que consideran una lucha "imperiosa y urgente", ha recalcado.
GRAN DIFERENCIA RETRIBUTIVA
A su vez, Luis Manuel Gil ha detallado ante la citada convocatoria de huelga a partir del 14 de noviembre que está motivada por la "falta de respuesta", tanto de la presidenta extremeña como de la consejera de Hacienda y Administración Pública, a la "multitud" de solicitudes de reuniones y propuestas que se les han remitido para que se inicie el proceso de negociación para la equiparación retributiva, entre los empleados de Administración General con otras administraciones regionales.
"No nos tenemos que salir fuera de aquí de Extremadura para ver la gran diferencia retributiva que tenemos, que incluso en algunas administraciones en algunos puestos de trabajo llegar a ser incluso superior al 20", ha recalcado, para señalar que "hay puestos que incluso puede ser del 40 por ciento" y ejemplificar respecto a las jefaturas de servicio de la Administración General de la Junta que "pueden llegar a percibir hasta un 40 por ciento menos de retribuciones que esas mismas jefaturas en la Diputación de Cáceres", algo que ven "inaceptable" al ser puestos "similares".
Asimismo, Gil ha aseverado que este miércoles van a tener un acto de mediación en la Fundación de Relaciones Laborales, promovido por USO y al que están convocados tanto la Junta como el resto de organizaciones sindicales, y ha valorado que ese sería el momento en el que estas últimas, con representación en la Administración General del Ejecutivo regional, tendrían que "sumarse" y "apoyar" esta convocatoria de huelga, "lo mismo que han hecho, por ejemplo, en el ámbito de los docentes de la pública".
Y es que, como ha sostenido, es "la única herramienta" que les está dejando la administración para llegar al objetivo de USO, "que en este caso tiene que ser la equiparación de retribuciones".
"Durante estos dos años que nosotros llevamos en mesas de negociaciones en la junta de Extremadura ha habido modificaciones de retribuciones de determinados colectivos o de determinados puestos de trabajo, con lo que es posible que la administración pueda negociar y aumentar esas retribuciones de los empleados públicos", ha defendido.
También entienden que "hay margen", que la Junta "si quiere puede hacerlo" y que, en caso contrario, es que "no tiene ninguna voluntad política" para mejorar las condiciones laborales de este personal.
Por último, ha afeado que en el borrador de presupuestos de la región para 2026 "vuelven a olvidarse" de colectivos tales como los ATE Cuidadores de la Junta.
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