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17 septiembre 2025
La portavoz de Infancia y Familias del Grupo Parlamentario Socialista, Fátima Torrado, ha intervenido hoy en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura para preguntar a la directora general de Infancia y Familias, Teresa Angulo, sobre el futuro de los Programas de Atención a las Familias.
Torrado ha recordado que estos programas son “la primera puerta de entrada del sistema de protección a la infancia y la adolescencia”, ya que permiten detectar precozmente situaciones de riesgo, intervenir en el entorno familiar y evitar la institucionalización de menores.
A este respecto, ha añadido que “no podemos permitir que la existencia de un Progrma de Atención a las Familias dependa de la voluntad política de alcaldes o mancomunidades. La LOPIVI es clara: la Junta de Extremadura es la responsable de dotar estos equipos, garantizar su estabilidad y asegurar cobertura universal".
La diputado socialista ha denunciado que, a día de hoy, el acceso a estos servicios “no está garantizado en igualdad de condiciones”, con “desigualdades territoriales, convocatorias tardías y financiación insuficiente” que provocan despidos y dejan familias sin apoyo y a menores sin protección.
Asimismo, ha puesto de relieve la situación de precariedad laboral de los profesionales de los programas, educadores sociales, psicólogos y trabajadores sociales, que “perciben salarios que apenas superan el SMI, sin protocolos de seguridad claros y sin estabilidad laboral, a pesar de intervenir en situaciones de violencia de género, abusos sexuales o maltrato infantil”.
En su intervención, Torrado ha criticado la gestión de los “629.000 euros transferidos por el Ministerio de Derechos Sociales en 2025”, que “se destinaron a guías que duermen en cajones, formaciones generalistas e incluso contratos con empresas privadas, en lugar de reforzar plantillas y mejorar las condiciones laborales”.
Según la parlamentaria socialista, "la infancia no puede esperar. Cada día sin refuerzo de los Programas de Familias es un día en que un menor queda sin detección y una familia sin apoyo. Lo que está en juego no son números ni fórmulas jurídicas, sino los derechos de los niños y niñas extremeños y la dignidad de quienes los protegen”.
Junto con ello, ha reclamado que los Presupuestos de 2026 incluyan “financiación estable que garantice salarios dignos y equipos profesionales completos”, que la cobertura sea “universal, sin depender de la capacidad económica de cada municipio” y que se garantice “máxima transparencia en la gestión de fondos y la creación de un equipo autonómico de coordinación que refuerce la calidad del servicio”.
También, ha insistido en la necesidad de “campañas de sensibilización que visibilicen el impacto de estos programas y un diálogo real con la Asociación Profesional, incorporando la experiencia de quienes están sobre el terreno”.
Y, ha concluido que “Extremadura no puede permitirse más ambigüedades ni promesas sin concreción. Pedimos garantías claras: ¿van a contar los Programas de Atención a las Familias con financiación estable, cobertura universal y condiciones laborales dignas en 2026, cumpliendo la LOPIVI y evitando que nuestros menores sigan siendo víctimas de maltrato institucional?”.
