Aprobada propuesta de VOX para dignificar condiciones de profesionales del turno de oficio

Este jueves, durante el pleno de la Asamblea de Extremadura, Vox ha defendido una propuesta de pronunciamiento en respaldo a los profesionales adscritos al turno de oficio, atendiendo a las reivindicaciones de los letrados que exigen la equiparación de condiciones ante las diferencias que se plantean, según se cedan las competencias al Gobierno o a las comunidades autónomas.

En este sentido, Javier Bravo, abogado de profesión y actual diputado del Grupo Parlamentario VOX, se ha referido al artículo 24 de la Carta Magna, que defiende que todo español "tiene derecho a la justicia" y reafirma la valía del turno de oficio y su consideración como institución de carácter social, voluntaria y de vital importancia.

Según Bravo, sobre los letrados en ejercicio del turno de oficio, "hay un abismo entre las comunidades que tienen transferida las
competencias en justicia y las que no, llamadas de territorio común. Extremadura no tiene transferida las competencias."

En este sentido, VOX ha subrayado la "desigualdad entre comunidades" pues, como argumenta en su propuesta, "las comunidades con las competencias cedidas, tienen asignadas por el Ministerio de Justicia una cantidad para asumir los gastos en Justicia, además de los propios de la comunidad".

En este contexto, VOX afirma que Extremadura estaría "en desventaja a la hora de retribuir a los profesionales del turno de oficio acorde a la labor prestada" y, se ha apelado al sentido común "sean del signo político que sean, es de Justicia para todos mis compañeros y profesionales extremeños del turno de oficio, que sea aprobada nuestra propuesta".

Así, la propuesta de VOX ha salido adelante con el voto a favor del PP y, en contra de PSOE y Unidas por Extremadura que, para la formación proponente, "no votaron por la mejora en derechos laborales de los profesionales del turno de oficio".

Y, Vox concluye que, una vez aprobada su propuesta de pronunciamiento, la Cámara asume la responsabilidad
de "instar al Gobierno de España a mejorar la calidad en la asistencia jurídica gratuita".