UGT vuelve a pedir a la Junta crear una empresa pública para gestión transporte sanitario

El responsable de transporte sanitario de UGT-SP Extremadura, Ángel Luis Porrino, ha solicitado de nuevo a la administración la creación de una empresa pública para su gestión.

Así pues, durante una rueda de prensa, ha recordado de que en 2017, ocho empresas que formaban el Consorcio del Transporte Sanitario perdieron el concurso público, pasando a manos de Ambulancias Tenorio por 30,5 millones euros por año.

En ese momento, Ambulancias Tenorio, que tuvo que montar un nuevo sistema de transporte sanitario en Extremadura, según UGT, gestionó la compra de más de 400 ambulancias preparadas para los diferentes tipos de transporte y subrogó a mas de 1.000 trabajadores, además de tener que contratar a otros 200 más para cubrir todo los servicios.

También ha incidido en que tuvo que gestionar la pandemia Covid con esos pliegos e instauró los Soportes Vitales Básicos (SVB) en toda la comunidad autónoma. Todo ello por 30,5 millones.

Los trabajadores comenzaron a tener "problemas laborales", de vacaciones por ausencias de cuadrantes y de su disfrute por falta de coberturas, además de no disponer de EPIS para realizar su trabajo, ropa de trabajo escasa y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar era "prácticamente imposible", además de las "jornadas maratonianas" en servicios de Programado y Guardias Localizadas.

De igual forma, según ha indicado UGT, en enero de 2021, Tenorio dejó de gestionar el servicio de transporte sanitario en Extremadura después de tres años y tres meses y entró una nueva empresa, Ambucoex, (Ambuvital y Coexam), con mayor presupuesto, unos 6 millones de euros más que con ambulancias Tenorio, 36,5 millones de euros.

"Ambucoex a su entrada para prestar el servicio, no tuvo que comprar ambulancias, el Centro Coordinador estaba ya instaurado y trabajando, aunque los trabajadores heredaron los mismos problemas laborales, y haciendo una labor encomiable con los pacientes, para dar un servicio de calidad y eficiente", ha recalcado el sindicato UGT.

Ahora en 2022, tal y como ha criticado en una nota de prensa, se vuelve a tener a Ambucoex, pero sin Coexam, por 39 millones, 9 más que Tenorio, y los problemas laborales "siguen siendo los mismos".

DENUNCIA ANTE LOS JUZGADOS Y LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

El sindicato UGT también ha recordado que los trabajadores, a través de la asesoría jurídica de UGT-SP, han denunciado esta situación en los juzgados y ante la Inspección de Trabajo que les ha dado la razón, aunque las empresas hacen "caso omiso saltándose los derechos de los trabajadores".

"Además, a los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras no nos facilitan información sobre planillas, jornadas de trabajo o distribución de vacaciones y ningunean al conjunto de trabajadores con los permisos y licencias a los que tienen derecho", ha criticado.

Por otro lado, ha lamentado que los Comités de Seguridad y Salud Laboral son "inoperantes" porque la empresa no suministra datos y las reuniones para elaborar los planes de igualdad son "inexistentes", además, a los trabajadores les hacen trabajar "mezclando los servicios de programado con los servicios de PAC en el mismo día e incumpliendo el convenio laboral".

También ha expuesto que se llegan hacer en diferentes servicios hasta más de 3.000 horas anuales, cuando en el convenio dice que la jornada máxima es de 1.800 horas, se utilizan vehículos de urgencias localizadas para sacar altas de planta de los hospitales que correspondería al servicio de programado, con el "riesgo" que supone si durante el trayecto se da aviso sobre alguna urgencia.

Asimismo, el sindicato ha recalcado que el servicio de PR hace "jornadas maratonianas muchas veces" e incluso más de 12 horas debido a la "falta de coordinación" y en el Centro Coordinador continúan "sin organización impidiendo una buena coordinación de todos los servicios para poder dar un servicio de calidad".

"Por tanto, el transporte sanitario sigue igual o peor pero con un gasto incrementado de 9 millones", ha apuntado.

PROPUESTA DE INCREMENTO SALARIAL "VERGONZOSA"

Actualmente, tal y como ha planteado UGT, se está negociando el tercer Convenio Sectorial del Transporte de Enfermos por Carretera y la patronal extremeña Atransanex (formada por Ambulancias Tenorio y Ambuvital), mayoritariamente ha hecho una propuesta de un incremento salarial del 0 por ciento para los años 2018, 2019, 2020, 2021 hasta la adjudicación del concurso y posteriormente un 1 por ciento anual hasta 2027. Una propuesta que, en opinión del sindicato, es "vergonzosa" para los trabajadores.

Por ello, UGT como integrante de la Mesa de Negociación plantea movilizaciones contra la "falta de voluntad" de negociación del nuevo convenio por parte de la patronal y, además, a todo esto, ha unido que el actual pliego ha sido recurrido por la patronal nacional Agetrans "por cuestiones económicas".

Cabe destacar que en este pliego se suprime el Centro Coordinador que pasará a ser gestionado por un ente público ahorrándoselo las nuevas empresas (1,5 millones) y se suprime seis unidades de Soporte Vital Básico con un total 36 trabajadores, por lo que UGT ha solicitado información sobre la situación de los empleados que van a ver afectados sus puestos de trabajo.

"Desde UGT exigimos a la administración que esos puestos de trabajo no sean amortizados y que tome cartas en el asunto, sea valiente y asuma la gestión del transporte sanitario a través de un ente público como ya solicitamos en 2019 por ser un servicio básico y esencial para todos los extremeños y porque se ha visto que la gestión del dinero público con estas empresas ha sido nefasta", ha indicado.

Además, ha añadido que actualmente no se da un "servicio de calidad a la altura de las necesidades" que la ciudadanía merece y "no es un servicio eficiente", ya que, tras cuatro años y con más de 9 millones de euros, se sigue dando el "mismo servicio con los mismos problemas".

"UGT quiere para el conjunto de la ciudadanía extremeña un servicio de transporte sanitario de calidad, eficiente, eficaz, coordinado y que respete los derechos de más de mil familias que prestan este servicio", ha sentenciado.