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Plena inclusión critica el "confinamiento desproporcionado" de personas con discapacidad

Señala que esta situación la sufren las más de 1.000 personas con discapacidad que viven en residencias y pisos tutelados en Extremadura.

19 agosto 2020 | Publicado : 17:51 (19/08/2020) | Actualizado: 23:45 (19/08/2020)

Plena inclusión Extremadura ha hecho un llamamiento a las autoridades para que tengan en cuenta el "equilibrio" entre medidas de seguridad frente a la pandemia y los derechos de las personas con discapacidad intelectual en centros sociosanitarios, que asegura que se están viendo "vulnerados" con un "confinamiento desproporcionado".

Así pues, a través de una nota de prensa, la asociación señala que las más de 1.000 personas con discapacidad que viven en residencias y pisos tutelados en Extremadura están sufriendo "un confinamiento desproporcionado y distinto al resto de los ciudadanos", a quienes se les está aplicando un "régimen contrario a sus derechos individuales, mediante normas generalizadoras sin tener en cuenta a la persona ni a los centros".

Asimismo, según los cálculos de Plena inclusión España, la aplicación de medidas de prevención frente al COVID durante el confinamiento en sus centros y servicios ha supuesto un aumento del 30% del coste por plaza.

Por ello, esta organización considera que el impulso de los planes contingencia acordado por las administraciones debe ir acompañado de "recursos suficientes" para realizar todas las medidas con garantías de urgencia y seguridad.

En esta línea, denuncia públicamente el "impago de las subvenciones" con las que se financian sus centros, pues desde el 1 de enero y hasta este 19 de agosto "no se han pagado aun, provocando una situación económica caótica que no obedece a la pandemia".

A su vez, Plena inclusión Extremadura cuenta con una red de 17 residencias en la región, además de siete viviendas tuteladas, en los que residen más de 630 personas.

En este sentido, el presidente de la entidad, Pedro Calderón, afirma que sin ayudas de las administraciones será "imposible" mantener este incremento en el nivel de gasto.

Asimismo, explica que este sobrecoste en los centros se debe a que "deben reforzar la limpieza, asegurar los controles sanitarios, garantizar la distancia de seguridad...".

En definitiva, realizar sus planes de contingencia y aplicar las medidas recogidas en los mismos". Pero "sin ayudas de las administraciones, será imposible mantener el nivel de gasto derivado de estas acciones, teniendo en cuenta la difícil situación económica que viven muchas de nuestras asociaciones".

DERECHOS VULNERADOS

Igualmente, Calderón subraya que se están "vulnerando los derechos individuales" y que esto se produce por ser "un colectivo vulnerable, tradicionalmente silencioso".

Y es que "ahora más que nunca debemos encontrar el adecuado equilibrio entre las medidas de seguridad y el derecho de las personas a disfrutar de una vida autónoma", ha añadido.

En su opinión, las restricciones deben estar "claramente delimitadas", de modo que se usen las medidas "menos intrusivas" para proteger la salud pública (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2020).

El riesgo, añade, está en que desde la concepción de "lo que es bueno o no para las personas, las prioridades organizativas, el miedo o el desconocimiento, sigan dificultando encontrar el equilibrio adecuado entre seguridad y libertad".

"El hecho de que haya situaciones que supongan un riesgo para la persona o para los demás no debe generar como única respuesta la restricción", señala.

A este respecto, añade que una diferencia de trato que suponga una restricción en el disfrute de derechos fundamentales con respecto al resto de la población, "nunca puede ser genérica, sino que deberá justificarse de la forma más individualizada posible de acuerdo a criterios razonables, objetivos y de proporcionalidad".

"Puede haber otros modos de limitar el riesgo sin llegar a aislamientos prolongados o restricciones físicas, o al menos podemos minimizar el sufrimiento y malestar que generan compensándolas con experiencias más positivas, sostiene.

Por último, Plena inclusión Extremadura reclama que estos planes se desarrollen en condiciones que aseguren la "autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo residentes", a través de medidas como la accesibilidad a la información, el apoyo a la toma de decisiones, la planificación centrada en la persona y su familia, etc.

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