Aprobada creación de la Agencia Extremeña de la Energía como entidad pública empresarial

La iniciativa, formulada por el PP y tramitada por el procedimiento de lectura única, ha recibido el apoyo del PP, del PSOE y de Vox, y la abstención de Unidas por Extremadura.

La finalidad esencial de Agenex, que sustituye al consorcio existente hasta ahora, es apoyar al sector público de la Junta en el diseño y ejecución de su política energética, gestionando los recursos públicos de forma eficiente y dentro de los límites establecidos por los principios de sostenibilidad financiera y de estabilidad presupuestaria.

Así, Agenex busca el mantenimiento de una estructura estable de apoyo al desarrollo energético; favorecer la planificación de la gestión energética en su ámbito de actuación; y favorecer y potenciar el incremento del autoabastecimiento energético, a través de la diversificación de las fuentes.

Igualmente, pretende propiciar el diálogo, la interrelación y el trabajo conjunto de las instituciones, asociaciones y demás entidades que participan en el sector energético en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como servir de foro de encuentro e intercambio de los actores energéticos privados y públicos en Extremadura.

De igual modo, promoverá y estimulará el ahorro energético y el uso racional de la energía, y especialmente evitar pérdidas energéticas en los hogares y en las instalaciones públicas y privadas. También, busca promover la eficiencia energética en el transporte en Extremadura; y contribuir al desarrollo de energías menos contaminantes, así como eliminar las emisiones de efluentes contaminantes a la atmósfera.

Al mismo tiempo, Agenex podrá, en el ámbito de sus competencias, firmar convenios de colaboración bajo cualquier modalidad admitida en Derecho, con otras Administraciones públicas y entidades públicas o privadas, con finalidades vinculadas a sus objetivos generales.

La presidencia de Agenex, que lo es también de su Consejo Rector, será ostentada por la persona titular de la consejería con competencias en materia de energía.

En cuanto al control interno de la gestión presupuestaria y económico-financiera de Agenex, corresponderá a la Intervención General de la Junta de Extremadura. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales.

FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO

Así, el diputado del PP Hipólito Pacheco ha defendido que Agenex formará parte del sector público empresarial autonómico como entidad de derecho público, que estará adscrita a la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, con un funcionamiento "autónomo", y mantendrá a los profesionales del Consorcio Agencia Extremeña de la Energía al que sustituye.

Contribuirá, con ello, a ahondar en el planteamiento de que "Extremadura es uno de los grandes polos energéticos de Europa por su capacidad de generación y de innovación y de dar estabilidad al sistema eléctrico", ha defendido Pacheco, quien ha señalado que la energía, con ello, se ha convertido en un "verdadero pilar" de la economía extremeña, y ha abogado por hacerlo de una forma "ordenada" y "planificada".

De este modo, Agenex se convertirá con una nueva fórmula jurídica en una herramienta "imprescindible" para impulsar una estrategia "realmente efectiva" en materia energética en la región, siguiendo el camino recorrido en otras CCAA como entidad pública empresarial autonómica.

"Contar con Agenex es imprescindible porque puede servir a la Junta como vehículo de recepción y canalización de toda la información relativa a la energía", ha destacado Pacheco, quien ha adelantado también en su intervención que la Junta va a impulsar el autoconsumo y las comunidades energéticas, junto a la movilidad sostenible y los certificados de ahorro energético.

En esta línea, ha defendido también la continuidad de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz. "Necesitamos de todo el mix energético y Agenex es fundamental para impulsar todas las fuentes de energía", ha espetado.

FIJACIÓN DE POSICIONES

De su lado, el diputado del PSOE Manuel Mejías ha transmitido el apoyo de su grupo a la creación de Agenex como entidad pública empresarial. "Es positivo para el futuro de Extremadura", ha afirmado.

No obstante, ha criticado que la Junta no haya asumido la creación de Agenex como proyecto de ley, ya que ello hubiese permitido la inclusión de informes y otras "garantías". "Nos preguntamos si estamos ante una cuestión de interés general, o ante un mecanismo para reducir controles, o ante un desacuerdo en la coalición de gobierno", ha señalado.

En todo caso, ha remarcado que el PSOE entiende que Extremadura "necesita instrumentos públicos sólidos para afrontar la transición energética"; y ha rechazado la política energética que está desarrollando con "falta de rumbo" el actual Gobierno extremeño.

"La región necesita pasar de ser un territorio productor de energía a convertirse en un territorio capaz de crear industria, empleo y prosperidad alrededor de la energía", ha remarcado.

Por su parte, el diputado de Vox Álvaro Sánchez-Ocaña ha defendido que Extremadura necesita poner su "inmenso potencial energético" al servicio de los ciudadanos, y ha abogado por un "estricto control presupuestario" de la agencia que ahora se crea.

"No venimos a apoyar la creación de una nueva estructura administrativa, sino porque la energía es una cuestión de soberanía económica y pilar fundamental para el futuro de Extremadura", ha advertido; al tiempo que ha indicado que la energía "debe convertirse en palanca de desarrollo económico, industrial y demográfico".

Ha defendido una política energética basada en la soberanía energética. "España y Extremadura no pueden depender de terceros países ni someterse a cuestiones ideológicas impuestas en despachos alejados de nuestra realidad", ha dicho.

También ha abogado por una política energética que aproveche "todas" las fuentes en la región que permitan garantizar el suministro; así como por la simplificación administrativa. "Los recursos de los extremeños para los extremeños", ha espetado.

Mientras, el diputado de Unidas por Extremadura Juan Alessandro Schirinzi ha considerado que la propuesta de ley ha dejado algunos "resquicios" pendientes de resolver, y ha defendido un modelo "estratégico" de energía regional que permita a los ciudadanos pagar recibos energéticos más bajos.

"Un sector de energía privatizado se ha transformado en la ley de la selva y aprovecha cualquier tipo de oportunidad para poner la bota en el cuello de los que están abajo", ha advertido, al tiempo que ha abogado por "intervenir" en el mercado para dotar a los ciudadanos de una energía "barata" y "promovida" por la Junta.