Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura refuerza el valor del Diálogo Social

La reunión ha estado presidida por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, quien ha destacado el compromiso de la Junta con el dialogo social como herramienta de desarrollo económico, donde se visualiza una fundación que vuela "con autonomía propia como garante de la tan necesaria paz social para el desarrollo económico de la región y defensa de los derechos de los trabajadores".

La Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura es el órgano tripartito que da soporte al sistema de solución autónoma de conflictos colectivos laborales en la región y que integra el Consejo de Relaciones Laborales.

Esta fundación se ha consolidado como una institución referente en el marco de las relaciones laborales de la región, teniendo un histórico de 1.438 conflictos colectivos resueltos, que ha afectado a un total de 1.293.895 trabajadores y 213.000 empresas.

En el ámbito de recursos humanos, la Fundación ha llevado a cabo, durante el año 2025, la incorporación de dos nuevas trabajadoras a la plantilla, una medida que responde al "compromiso" de la Junta de reforzar el servicio y aumentar la capacidad de respuesta.

FIJA ESTRATEGIAS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO

La reunión, que ha contado con la presencia de los patronos de la Fundación, miembros de las organizaciones sindicales y empresariales como parte del máximo órgano de gobierno de la misma, ha servido para establecer las líneas estratégicas y operativas que guiarán la actividad, durante el próximo ejercicio.

Asimismo, el Patronato ha dado luz verde a la suscripción del convenio de colaboración entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y la Fundación, de Adhesión al Sistema Interno de Información de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Siguiendo esta estrategia de modernización, también ha estrenado página web, que permite estar al tanto de las últimas novedades en el ámbito laboral y ofrece modelos para realizar las solicitudes de mediación y arbitraje, facilitando así estos procesos a los interesados.

Todo ello supone, no sólo medidas organizativas, sino pasos significativos en la consolidación de un modelo de trabajo "cada vez más sólido, coordinado y orientado" a una gestión "más eficaz y ágil" de los conflictos colectivos en la región.