11 noviembre 2021
La organización agraria La Unión de Extremadura ha exigido a la Junta que devuelva de forma inmediata las cantidades cobradas indebidamente del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a Explotaciones Prioritarias, tras una sentencia que así lo reconoce.
Según La Unión la Ley de Modernización establece unos beneficios fiscales a las explotaciones agrarias Prioritarias, entre ellas está la exención entre el 75 y el 80% del impuesto de Transmisiones patrimoniales (ITP) en las compras de terrenos rústicos o de otras instalaciones.
Sin embargo, en noviembre de 2018, la Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura, en un "uso torticero de la normativa", resolvió que esta bonificación se aplicaría exclusivamente a los titulares de estas explotaciones, pero no a sus cónyuges, aunque la adquisición se hubiese realizado en un matrimonio de bienes gananciales.
De esta forma, la consejería entendía que solo tenía derecho a esta exención el 50 por ciento del valor de la compra. Ante ello, los servicios jurídicos de La Unión consideraron que esta interpretación de la Ley es "ilegal" pues, sólo se estaba aplicando de esta forma en Extremadura.
Además, criticaron la circular que la Dirección General de Tributos había remitido a la totalidad de los Notarios de Extremadura para que informaran a los compradores de fincas rústicas de esta interpretación.
Como consecuencia, "cientos de familias" de agricultores, titulares de explotaciones prioritarias, han pagado "varios millones" de euros de este impuesto "por presiones" de la Junta de Extremadura.
Desde el principio de la aplicación de esta práctica, La Unión ha venido reclamando contra estas liquidaciones, y el resultado fue que el Tribunal Económico Administrativo Regional de Extremadura, el 21 de diciembre de 2020 emitió un fallo por el que declaraba ilegal esta interpretación.
Asimismo, sentenciaba que cuando se realiza una compra de una finca rústica por un matrimonio en gananciales, solo se realiza una compra por lo que la administración no puede obligar a realizar dos autoliquidaciones, una con bonificación y otra sin ella.
Esta decisión del TEAREX, fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso, que el 28 de octubre de 2021 ha emitido una sentencia en la que declara ilegal las liquidaciones del este impuesto por parte de la Junta de Extremadura y falla que toda la adquisición tiene derecho a la bonificación del Impuesto.
Por todo lo anterior, La Unión exige a la Junta de Extremadura que deje de seguir aplicando el método de cálculo realizado hasta la fecha, que remita una nueva resolución para todos los notarios de la Región en la que se comunique la nueva interpretación, y que "de manera inmediata" se devuelvan los impuestos cobrados indebidamente a los agricultores.
Finalmente, la organización señala que remitirán a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura un informe junto con la sentencia para que se obligue a la Junta de Extremadura a cumplir los puntos anteriores.
