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Creex urge al Gobierno actualizar cantidades a pagar por los contratos públicos de obras

Así como los servicios a la vista del incremento de costes laborales y de las subidas de precios en la energía y las materias primas.

22 octubre 2021

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha exigido al Gobierno de España que actualice las cantidades a pagar por los contratos públicos de obras o servicios a la vista del incremento de costes laborales y de las subidas de precios en la energía y las materias primas.

A su vez, las empresas adjudicatarias de dichos contratos se verían abocadas a trabajar a pérdidas "en muchos casos", es decir, irían a la ruina y tendrían que prescindir de sus trabajadores.

Y es que, según informa la patronal en una nota de prensa, "al hacer una oferta para una licitación pública, las empresas analizan costes y beneficios, y en base a eso presentan su proposición, ahora bien, si durante la ejecución del contrato la relación de costes varía sustancialmente, como está ocurriendo, lo justo es que se revise el contrato para adaptarlo a la nueva realidad", ha destacado el secretario general de la Creex, Javier Peinado.

En esta línea, el responsable ha señalado que el Gobierno de España no puede inhibirse como lo está haciendo "puesto que, de forma directa o indirecta, es el responsable de esos incrementos".

Por un lado, al subir por decreto el SMI, el Gobierno tiene que "aplicarse el cuento" y contemplar esta subida en lo que paga por las obras o servicios contratados, puesto que es "directamente responsable del incremento del coste".

Asimismo, Peinado ha explicado que el Gobierno también es "responsable indirecto" de la "brutal" subida de costes en la energía y las materias primas, "ya que se ha mostrado incapaz de controlar dichos precios, pese a que podría hacerlo al menos en lo que a tarifas reguladas se refiere".

Al sumar estos incrementos en unos contratos ya "muy ajustados" en sus beneficios por primar casi exclusivamente las ofertas más bajas, "las empresas trabajan a pérdidas, y no porque se hayan 'pillado los dedos' con ofertas temerarias, sino porque los costes se han disparados debido a la acción o inacción del Gobierno".

Por ello, Javier Peinado ha exigido que el Ejecutivo central "marque la pauta y revise los contratos, aplicando el sobrecoste que se ha producido, pues de otro modo se estaría vulnerando el principio jurisprudencial del enriquecimiento injusto, y, para colmo, lo estaría vulnerando precisamente la Administración pública, por no hablar del efecto que puede tener en la caída de empresas y pérdida de empleos", concluye.

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