30 marzo 2021
La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha presidido este martes, a través de una videoconferencia, una nueva sesión del Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX), en el que ha abordado, junto a las organizaciones agrarias (OPAS), la actualidad del campo extremeño.
Así pues, durante su intervención, la titular extremeña de Agricultura ha puesto en valor el decreto que regula la venta directa, por parte de titulares de explotaciones agroganaderas de la región, de pequeñas cantidades de su producción a personas consumidoras o bien a establecimientos locales de venta al por menor.
En concreto, dicho decreto, ya publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), favorece el suministro directo de determinados productos primarios, sin tener que contar con intermediarios, favoreciendo sobre todo a pequeñas explotaciones multifuncionales.
Así pues, la reunión ha comenzado con una explicación detallada por parte del director general de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas, sobre la situación de la sanidad animal y vegetal en la región.
También ha ofrecido datos acerca de la incidencia de tuberculosis en animales, que ha descendido considerablemente en la región, según informa la Junta en una nota de prensa.
Posteriormente, el director general de Política Agraria Comunitaria (PAC), Javier Gonzalo Langa, ha adelantado a los representantes agrarios los avances en la negociación de la nueva PAC, que durante estos meses encara la recta final.
Cabe recordar que el Consejo Asesor Agrario de Extremadura se compone de diez representantes nombrados por la titular de la consejería con competencias en materia agraria, a propuesta de las organizaciones agrarias más representativas.
Y es que la importancia del sector agrario en Extremadura aconseja disponer de órganos eficaces de participación de las organizaciones profesionales agrarias, así como de las asociaciones más representativas del cooperativismo agrario y de la industria agroalimentaria en la representación institucional, reivindicación y negociación en defensa de los intereses profesionales y socioeconómicos de los agricultores y ganaderos, concluye la Junta.
