18 septiembre 2018 | Publicado : 11:48 (18/09/2018) | Actualizado: 23:13 (18/09/2018)
El director general de la Política Agraria Comunitaria (PAC), Javier Gonzalo, ha indicado este martes que uno de los objetivos de la Junta de Extremadura para la próxima PAC es que se incluyan "precios justos" para los productores y protección en la cadena alimentaria y las operaciones con terceros.
Así lo ha señalado el responsable de este área durante su comparecencia en Comisión en la Asamblea de Extremadura, en la que ha recalcado que ‘’la cadena alimentaria y el tráfico en la misma debe tener un marco común de regulación que proteja a los productores, de poco sirven reglas nacionales cuando se opera en un mercado global’’.
De este modo, a su juicio, la nueva PAC debe incluir medidas para evitar la despoblación y la generación de empleo, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.
"Debe contemplarse la contribución que agricultores y ganaderos realizan a la sociedad preservando el territorio y el medio natural, asegurar el reparto de los beneficios que la PAC puede generar en el medio rural y reforzar las políticas nacionales destinadas al aseguramiento, inversiones en regadíos y estructuras productivas, sanidad animal y vegetal y promoción de productos", ha aseverado.
Igualmente, Gonzalo ha hablado, entre otras cuestiones, del fomento de la economía social como "elemento de reparto del beneficio", de asegurar la oportunidad del relevo generacional, cuyas medidas de apoyo a la incorporación deben contar "con instrumentos de financiación que permitan a los titulares de explotaciones afrontar la actividad y generar empleo" y, de una Política Agraria Comunitaria que "premie" la adaptación al cambio climático y la producción ecológica.
Finalmente, el director general de la PAC ha reiterado la postura del Ejecutivo autonómico en el que "rechaza cualquier recorte" en el presupuesto de la Política Agraria Comunitaria, pide que la renta de los agricultores "esté garantizada", reclama la regulación europea de la figura del agricultor y que garantice el desarrollo rural basado "en una economía verde, circular y con criterios sociales", ha sentenciado.
