La Junta defiende el trabajo técnico del expediente de la Cruz de los Caídos de Cáceres

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La Junta de Extremadura ha defendido el trabajo técnico desarrollado por la Dirección General de Patrimonio Cultural en el expediente de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de monumento, de la Cruz de los Caídos de Cáceres, sobre la que "se han dicho muchas cosas faltando al respeto".

Así lo ha indicado la directora general de Patrimonio Cultural y Documental Fotografía Adela Montaña Rueda Márquez de la Plata, al referirse a la polémica de los investigadores que han solicitado que retiren sus trabajos del expediente, en el sentido de que "el hecho de utilizar fuentes en un trabajo técnico no implica que el autor esté de acuerdo con la conclusión del trabajo sobre el que habla la fuente".

"Si todos vamos a concluir en lo que dijo la fuente, pues entonces es absurdo investigar", ha argumentado la directora general en respuesta a una pregunta en comisión parlamentaria de la Asamblea de Extremadura formulada por el diputado socialista Gonzalo Romero sobre los argumentos y fundamentos técnicos, históricos, artísticos, etnológicos, científicos y sociales que justifican la incoación dicho expediente.

Precisamente, este último ha tildado de “fraude de ley” el expediente incoado por la Junta de Extremadura para declarar BIC la Cruz de los Caídos de Cáceres, al considerar que el gobierno de Guardiola está intentando presentar “como una cuestión estrictamente patrimonial algo que, por su propio origen, es inseparable de su significado político e histórico”.

En su intervención, Romero ha señalado que la propia documentación incorporada al expediente reconoce que el monumento nació en 1937, durante la Guerra Civil, como homenaje a los caídos del bando vencedor. El expediente de la Junta recoge el acuerdo municipal de 9 de septiembre de 1937 y señala que la Cruz fue levantada en 1938 e inaugurada en mayo de ese año.

“¿Qué más necesitamos para conocer el significado originario de este monumento? No estamos interpretando. Estamos leyendo la historia que ustedes mismos han incorporado al expediente”, ha afirmado.

El portavoz socialista ha rechazado asimismo el argumento de que la retirada de las inscripciones franquistas en 1984 permita desvincular actualmente el monumento de su origen. “Retirar una inscripción no significa borrar la historia de un monumento”, ha señalado, porque, a su juicio, su significado histórico debe valorarse atendiendo a quién lo construyó, cuándo y con qué finalidad.

Así, Romero ha cuestionado también los argumentos utilizados por la Junta para justificar su protección patrimonial, como la monumentalidad, la verticalidad o su presencia visual en la plaza de América. “Eso es describir”, ha afirmado, antes de preguntar “qué tiene esta Cruz de excepcional, singular e irreemplazable para merecer la máxima protección patrimonial”.

En este sentido, la socialista ha criticado especialmente que la Administración haya recurrido a determinados trabajos históricos para fundamentar el expediente mientras, según ha denunciado, habría obviado informes técnicos específicos encargados para este procedimiento, según informa el Grupo Parlamentario Socialista en una nota de prensa.

“La Administración no puede seleccionar de una investigación únicamente aquello que le interesa y presentarlo después como aval científico de una decisión política, hasta los propios investigadores han pedido que no se usen sus nombres y que la junta no manosee sus trabajos académicos”, ha señalado.

Además, el portavoz socialista ha situado la decisión de la Junta en el marco de la Ley de Memoria Democrática y ha cuestionado que se tramite la protección de la Cruz mientras las políticas de memoria democrática plantean su retirada. “El efecto político y administrativo de la decisión de la Junta es evidente”, ha afirmado, al considerar especialmente significativo el momento en que se inicia el expediente.

Gonzalo Romero El portavoz socialista ha recordado, además, que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso contra varios preceptos de la Ley de Concordia de Extremadura y acordó su suspensión cautelar. “El Estado de Derecho no funciona solo cuando las resoluciones judiciales nos gustan. Las instituciones se respetan siempre”, ha defendido.

Finalmente, el portavoz socialista ha puesto el foco en las víctimas del franquismo y en las organizaciones memorialistas que se han opuesto a la declaración. “Después de casi cincuenta años de democracia, lo que las víctimas siguen reclamando no es venganza, sino verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Eso es memoria democrática. Y eso es democracia”, ha sentenciado.

16 MESES PARA RESOLVER

Mientras, la directora general ha señalado en respuesta a la lectura realizada por el diputado socialista sobre el sufrimiento de una víctima del franquismo, que se ha mantenido el "máximo respeto a las víctimas", y asimismo ha asegurado que se les atiende "diariamente", a través de un nuevo servicio que no existía con el anterior gobierno socialista, al que además le ha reprochado que no ejecutara "por falta de diligencia" el presupuesto que tenía reservado para la exhumación de fosas.

Asimismo, le ha reprochado que denota "mucha ignorancia en la tramitación de expediente", que ha contado con un plazo de exposición pública durante un mes en el que toda persona interesada ha podido acceder al expediente y formular las alegaciones que haya considerado oportunas.

En este punto, ha aclarado que la incoación "no anticipa el resultado final", sino que constituye una actuación con existencia de una base técnica suficiente para incoar el expediente y se somete, por tanto, al "contraste administrativo, técnico y social que prevé la legislación".

En cuanto a la definición como monumento, ha señalado que no es algo que haya hecho la Junta de Extremadura, sino que se recoge en el Plan General de Cáceres, aprobado por resolución "por un Gobierno del PSOE, por un consejero del PSOE, mientras en el ayuntamiento había una alcaldesa del PSOE".

Rueda ha argumentado que su departamento es el encargado de analizar el origen del monumento, su evolución histórica, la transformación efectuada en 1984 y su configuración actual.

Asimismo, se ha referido a otro informe que estudia el contexto histórico y artístico del bien, sus características formales, su emplazamiento, su evolución urbana y sus posibles valores patrimoniales.

En este punto, ha dicho que hubo un "acontecimiento histórico de fundamental relevancia", en alusión a la intervención acordada por el Pleno en el Ayuntamiento de Cáceres en 1984, donde se eliminan las inscripciones y la simbología explícita en el monumento que fueron sustituidas por el escudo constitucional y por una inscripción dedicada a la ciudad de Cáceres.

En concreto, una leyenda con el siguiente texto: "la ciudad de Cáceres en memoria de sus hijos muertos por la patria", con que el se entiende que el monumento adquiere un "carácter funerario y un carácter simbólico o religioso".

En cuanto a su fundamento artístico y arquitectónico, ha señalado que si bien es cierto que la obra es "formalmente sencilla" y que no cuenta con una "una riqueza decorativa ni una complejidad técnica", se le añade al diseño el arquitecto municipal Ángel Pérez, que es el único arquitecto cacereño que tiene un premio nacional de arquitectura, con varios edificios con protección integral.

A su vez, se han incorporado fundamentos artísticos o paisajísticos, pues la cruz permanece en su ubicación original "mientras la ciudad se desarrollaba a su alrededor hasta convertirse en una referencia visual y espacial dentro de la trama contemporánea". Así se identifica como "punto de encuentro, cruce de caminos y elemento configurador del paisaje urbano".

La Junta, ha explicado, tiene ahora un plazo de 16 meses para corroborar si el monumento tiene los valores artísticos, históricos, y documentales valores para la declaración, y en este sentido ha insistido en que "el hecho de estar incoado no anticipa el resultado final", ha sentenciado.