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VOX Cáceres pide garantizar prioridad españoles en ayudas financiadas con fondos públicos

También insta al Gobierno a la "inmediata repatriación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra nación".

18 mayo 2026

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres va a presentar una moción al Pleno de este jueves, 21 de mayo, para garantizar la prioridad nacional de los españoles en el acceso a ayudas sociales, programas de vivienda, pensiones no contributivas y cualquier prestación asistencial financiada con fondos públicos.

En concreto, según recoge el texto de la moción "la preferencia de los nacionales en el acceso a ayudas públicas es un principio elemental de justicia retributiva y responsabilidad política", ya que hay que "atender antes a quienes sostienen y conforman la comunidad nacional".

Así pues, en la moción se indica que "el Estado del bienestar se encuentra hoy sometido a una profunda crisis como consecuencia de la deficiente gestión de los sucesivos gobiernos y de la presión ejercida por la inmigración masiva y descontrolada".

Asimismo, recuerda que en los últimos años, "España ha experimentado una alteración demográfica sin precedentes". En 2026, la población de origen extranjero supera ya el veinte por ciento del total, "un cambio que no responde a una evolución natural, sino a una transformación deliberada impulsada por políticas de puertas abiertas".

"Esta deriva ha tensionado, también, hasta extremos insostenibles los servicios municipales que se prestan a los vecinos de Cáceres, como son los servicios sociales, el padrón, la seguridad y la convivencia ciudadana", añade el texto de Vox.

El portavoz municipal de la formación Eduardo Gutiérrez, ha incidido en que el acceso a la vivienda y la saturación de los recursos asistenciales son preocupaciones primordiales para jóvenes y familias.

"Resulta alarmante observar cómo el sistema legal ha favorecido la llegada masiva de población extranjera mientras miles de españoles ven frustrado su acceso a prestaciones básicas, a una parte importante de las ayudas al alquiler y a recursos que se destinan a población extranjera, a menudo recompensando a quienes han accedido al territorio nacional al margen de la legalidad", ha señalado.

Según Vox, el Gobierno de España ha acentuado esta crisis mediante el Real Decreto que otorga sanidad universal financiada con fondos públicos a inmigrantes ilegales, y el Real Decreto destinado a regularizar a más de medio millón de extranjeros en situación ilegal.

Y es que "estas medidas no solo desvirtúan nuestro ordenamiento jurídico, sino que envían un mensaje de impunidad y colapsan recursos que ya se encuentran saturados", recoge el texto.

Por todo ello, Vox propone al consistorio cacereño que se inste al Gobierno de España a garantizar la prioridad nacional de los españoles en el acceso a ayudas sociales, programas de vivienda, pensiones no contributivas y cualquier prestación asistencial financiada con fondos públicos, al tiempo que pide derogar el Real Decreto por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

Asimismo, se solicita la inmediata repatriación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en el país, "así como a la remigración de aquellos extranjeros que, al no contribuir con su trabajo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar".

También se pide que se apruebe una norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Y por último, incorporar en el Ayuntamiento de Cáceres, dentro de sus competencias y del marco legal vigente, "criterios estrictos de arraigo, tiempo de residencia y contribución social en todas las convocatorias municipales de ayudas de emergencia y servicios sociales"; y dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a la Junta de Extremadura, y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

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