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16 febrero 2026
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres presentará una moción al Pleno de este jueves, 19 de febrero, en la que rechaza la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular que ha impulsado el Gobierno de España y sus socios parlamentarios, y en defensa de "una política migratoria legal, ordenada y firme, basada en el respeto a nuestras leyes, en la prioridad nacional y en la protección de nuestro Estado del Bienestar".
En este sentido, el portavoz municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha recordado que el pasado 26 de enero "se anunció un acuerdo entre el Gobierno de España y sus socios parlamentarios para impulsar una regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular, mediante la aprobación de un Real Decreto, eludiendo, deliberadamente, el debate y la votación en el Congreso de los Diputados".
"Lejos de solucionar la situación estas políticas han generado un claro efecto llamada, debilitando el principio de legalidad y trasladando el mensaje de que el incumplimiento de la ley acaba siendo premiado. Ello desautoriza a quienes cumplen los procedimientos legales, incrementa las tensiones sociales, dificulta la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y contribuye al deterioro de la convivencia vecinal", recoge el texto de la moción.
Además, las recientes declaraciones de representantes del Gobierno "en las que se vincula explícitamente la regularización de inmigrantes con la obtención de la nacionalidad y el derecho al voto", evidencian según Vox "un interés político por alterar el censo electoral, anteponiendo estrategias partidistas al bienestar y la seguridad de los ciudadanos".
Asimismo, la formación de Santiago Abascal defiende que "resulta falso el argumento de que la inmigración masiva es necesaria para garantizar la sostenibilidad de las pensiones". "Diversos estudios económicos demuestran que, salvo casos muy excepcionales de alta cualificación, la inmigración poco cualificada no compensa el déficit estructural del sistema, sino que lo agrava", argumenta la moción.
En relación a la capital cacereña, Eduardo Gutiérrez ha señalado que "la realidad social de Cáceres no es ajena a esta problemática". "Nuestros vecinos padecen graves dificultades de acceso a la vivienda, al empleo y a servicios públicos cada vez más saturados. Por ello, el Ayuntamiento no puede permanecer indiferente ante decisiones que afectan directamente a la convivencia y al bienestar de los cacereños", ha señalado.
REPATRIACIÓN
Por todo ello, además de rechazar la regularización extraordinaria, Vox propone instar al Gobierno de España a proceder a la repatriación de "todos los inmigrantes que accedan ilegalmente al territorio nacional, y de los menores extranjeros no acompañados junto a sus padres a sus países de origen; solicitar la deportación inmediata de cualquier inmigrante, legal o ilegal, que cometa delitos graves o reincida en delitos leves; y establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos".
Además, plantea reclamar la implementación de una política migratoria "firme y ordenada", ajustada a las necesidades reales del mercado laboral español y basada en la prioridad nacional y en la sostenibilidad del Estado del Bienestar; suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias; y eliminar subvenciones municipales a asociaciones, organizaciones o entidades que promuevan o faciliten la inmigración ilegal.
Asimismo, la moción insta a promover las modificaciones legales necesarias para "suprimir la figura del arraigo como mecanismo para regularizar situaciones de ilegalidad; y llevar a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo", añade el texto.
De la misma forma, urge promover que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una Ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos en relación a las obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que "los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse".
Por último, se insta al Gobierno de España a suspender la cooperación al desarrollo con aquellos países que no colaboren en el control de los flujos migratorios y en la readmisión de sus nacionales.
