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30 junio 2025 | Publicado : 11:06 (30/06/2025) | Actualizado: 13:09 (30/06/2025)
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Cáceres ha detenido a dos personas e investigado a como presuntos autores de los delitos de caza ilegal, estafa y falsedad documental, por explotar económicamente de forma encubierta un coto social de caza en la provincia de Cáceres.
Este es el resultado de la Operación 'Waterlife', que se inició en noviembre de 2024, cuando la Guardia Civil inició una investigación relacionada con la gestión irregular de varios cotos sociales de caza, al detectar a un grupo de cazadores que practicaban la caza con galgos dentro del coto social, sin estar inscritos como socios, pero disponiendo de un permiso colectivo que les habilitaba.
Esto dio lugar al inicio de una investigación para esclarecer lo ocurrido acerca de posibles irregularidades en la gestión del terreno cinegético.
Durante las actuaciones, identificaron a varios grupos de cazadores procedentes de otras provincias, quienes aportaron permisos supuestamente válidos expedidos por la sociedad local de cazadores, pero los agentes del Seprona comprobaron que los permisos "carecían de validez legal, ya que los titulares no formaban parte de dicha sociedad", que era un requisito imprescindible para ejercer la caza en un coto social.
Asimismo, con la colaboración de agentes del Puesto de la Guardia Civil de Sierra de Fuentes constataron que ciertas actividades cinegéticas se desarrollaban en una zona de caza limitada, donde la normativa autonómica prohíbe expresamente la modalidad practicada, como era la caza de zorzales desde puesto fijo, lo que supuso la investigación de seis personas por supuestamente cometer un delito de caza.
Además, las pruebas obtenidas durante el proceso indagatorio revelaron que la sociedad local de cazadores había inscrito en el registro autonómico a numerosos socios sin su consentimiento y sin que tuvieran conocimiento de su inclusión; otros de los socios inscritos incluso llevaban varios años fallecidos.
Esto "evidenciaba un posible beneficio económico irregular del coto social, que operaba realmente como un coto privado", señala la Guardia Civil en nota de prensa, que destaca que las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Cáceres
Ante esta situación, la Guardia Civil recuerda que el respeto a la legislación en materia de caza es esencial para garantizar la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.
