14 marzo 2023
Medio centenar de jueces y magistrados, notarios y registradores de la propiedad asisten este martes al curso el Curso 'Derecho Agrario y Ganadero' que se celebra en el Parador de Turismo de Jarandilla de la Vera.
En concreto, este curso se ha organizado fruto del convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, y nace con el objetivo de que "Extremadura sea referente nacional en esta ciencia jurídica".
Así pues, el programa cuenta con la intervención de juristas, académicos, notarios y registradores y de la administración como el catedrático de Ordenación del Territorio y Políticas de Sostenibilidad Ambiental, Julián Mora Aliseda; el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres Ortíz de Urbina o la directora general de Trabajo de la Junta de Extremadura, Sandra Pacheco.
De este modo, a lo largo del mismo se van a tratar temas como los trámites y consecuencias de la declaración de Zona ZEPA, los contratos relacionados con los derechos de la PAC, la nueva regulación laboral que afecta a los contratos temporales agrícolas-ganaderos o los delitos ecológicos en el ámbito agrícola.
De hecho, en la inauguración de esta jornada ha participado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien ha destacado que Extremadura se sitúa como "referente" en esta materia durante el desarrollo de este curso.
La titular extremeña de Hacienda ha asegurado que este encuentro es el "inicio de un proyecto común con profundas raíces" que convertirá a Extremadura en el referente del derecho agrario en España, un ámbito de especialización no sólo para la judicatura, sino también para aquellos operadores jurídicos cualificados, como son los notarios y los registradores de la propiedad.
A su vez, Blanco-Morales ha explicado que numerosos dictámenes del consejo consultivo de jueces animan a que el poder judicial se interrelacione con la sociedad, según informa la Junta en una nota de prensa.
Al mismo tiempo, ha hecho referencia al dictamen 'Justicia y Sociedad' porque encomienda a los Consejos de Justicia a "estimular la participación de los jueces en todas las actividades de formación, porque los jueces deben seguir la evolución del Derecho no sólo en la teoría, sino también en la práctica".
Por su parte, el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno, ha afirmado que con este curso "se inaugura un nuevo escenario de formación, puesta en común y reflexión de profesionales del Derecho", tras lo que ha reafirmado que "el Derecho no es una ciencia exacta, pero sí es una ciencia rigurosa y a ese rigor sin duda queremos contribuir".
Así, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón, ha destacado la importancia de avanzar en el estudio del Derecho Agrario y Ganadero en la región "al ocupar éste el 90 por ciento de los asuntos civiles y penales de los juzgados rurales".
A este respecto, la presidenta del TSJEx ha recordado que los asuntos de ordenamiento del territorio, de delitos medioambientales, reclamaciones de la PAC y los contratos de temporalidad, entre otros asuntos, tienen que ver con este tipo de Derecho, y ha destacado que este foro de debate e investigación ha sido posible gracias a la colaboración institucional y que "nace con la vocación de poner el Derecho Agrario y Ganadero y la España rural en el mapa".
Finalmente, en la inauguración también ha intervenido el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Martínez Moya, quien ha destacado la importancia del convenio firmado entre el CGPJ y la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, cuya primera actividad formativa se materializa en este curso que acerca e interrelaciona al ámbito jurídico a la sociedad civil tal y como el Consejo Consultivo Europeo ha señalado en varios de sus dictámenes.
Asimismo, ha puesto en conocimiento de los participantes la unión del CGPJ con Iberoamérica a través de la Cumbre Jurídica Iberoamericana, en la que participan 23 poderes judiciales y cuyo interés les une a su vez a la Fundación Yuste.
