06 octubre 2022
El Partido Popular (PP) en la provincia de Cáceres rechaza la pretensión de la Junta de Extremadura de eximir del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los centros sanitarios, por la merma de ingresos que esto supondría para las arcas de muchos ayuntamientos.
A través de una nota de prensa, la formación popular explica que la intención del Gobierno de Guillermo Fernández Vara es modificar la Ley de Patrimonio de Extremadura, de forma que todas las dependencias, instalaciones y edificios pertenecientes al Servicio Extremeño de Salud (SES) en las que se impartan enseñanzas (regladas o no regladas), pasen a considerarse como centros educativos y como consecuencia, queden exentos del pago del IBI.
Así pues, precisa que esta propuesta afectaría a todas aquellas localidades que cuenten con hospital o centro de salud, de forma que tanto grandes municipios como Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo o Coria, como otros de menor tamaño como pueden ser Valdefuentes, Cabezuela del Valle, Berzocana, Arroyo de la Luz o Valencia de Alcántara, entre otros muchos, dejarían de ingresar esta tasa en sus correspondientes ayuntamientos a través de los centros sanitarios dependientes del Servicio Extremeño de Salud (SES).
Además, para algunos consistorios como el de Cáceres esta caída en los impuestos puede ascender hasta los 3 millones de euros anuales, "una cuantía a la que ningún ayuntamiento ni puede ni quiere renunciar para cuadrar las cuentas con las que gestiona el día a día de su municipio", critican los 'populares'.
"Esta importante caída en los ingresos municipales se traducirá en una clara merma en la prestación de servicios para los ciudadanos, algo extremadamente grave teniendo en cuenta el actual contexto de crisis económica", asegura el PP.
Ante esta posible amenaza para las cuentas locales, el PP ya ha comenzado a presentar mociones en los plenos de los ayuntamientos afectados para denunciarlo.
Todo ello surge como consecuencia del proyecto de Ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, que se está debatiendo en la Asamblea de Extremadura y que recoge este cambio en la Ley de Patrimonio de la región.
