16 julio 2020
CCOO ha criticado este jueves las "serias dificultades" para acceder a la cita previa para servicios públicos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería, con "teléfonos que se colapsan" o que "en muchas ocasiones no funcionan".
Y es que para este sindicato, la atención telemática "tiene que ser un derecho y no un medio único de atención", según indica en una nota de prensa, en la que se queja de la "falta de respuesta" del Gobierno ante la "venta de citas previas" para servicios públicos "esenciales" poniendo en "riesgo" los datos de carácter personal de quienes hacen uso de ellos y "aumentando la vulnerabilidad de las personas más desfavorecidas".
A este respecto, el sindicato asegura que los ciudadanos se están viendo "abocados" a acudir a empresas externas, para realizar las gestiones "más básicas y necesarias" tras la declaración del estado de alarma, así como para el tráfico normal de las actividades propias de estos organismos, suponiendo un "gravamen innecesario" para una población "en muchos casos" muy desfavorecida económicamente.
CCOO requiere del Gobierno un "esfuerzo especial" en el refuerzo de la atención presencial y personalizada, garantizando "medios suficientes" tanto en personal público como de equipos informáticos, programas actualizados y eficientes, que permitan y aseguren la prestación de un servicio público "de calidad" hacia la ciudadanía, "transparente e igualitario" en el acceso a los derechos fundamentales que los asisten.
CCOO ha instado en "múltiples ocasiones" la ejecución de las ofertas de empleo público de 2018 y 2019, incluyendo la estabilización de empleo temporal, como medio para "empezar a resolver" la "falta estructural" de la plantilla que se viene acumulando en las oficinas y que va "en detrimento" de la atención a la ciudadanía, así como la "limitación de las externalizaciones" de servicios públicos en favor de empresas privadas, con la "consiguiente precarización" del empleo público y la calidad de los servicios que deben ser garantizados.
En este sentido, considera que la Administración es la que tiene la "obligación" de poner al alcance de los ciudadanos las "herramientas necesarias" para que el estado del bienestar funcione correctamente, y no crear "discriminaciones" estableciendo "ciudadanos de diferentes categorías, según puedan o no tener acceso a la gestión privada", concluye.
