08 julio 2020
Rd./Ep.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Cáceres ha dictado una sentencia, con fecha de 6 de julio, por la que queda anulada la decisión del Ayuntamiento de Cáceres, tomada en el año 2017 por el Gobierno de Elena Nevado, de resolver el contrato de adecuación de la bóveda y exteriores del edificio Embarcadero de Cáceres.
Así pues, con esta sentencia se pone fin a un problema suscitado a propósito de la reforma de este edificio, en el que han intervenido los tres últimos gobiernos de la ciudad.
De este modo, se condena al Ayuntamiento de Cáceres a devolver 400.000 euros más intereses a la UTE adjudicataria del contrato, formada por Construcciones Casado SA y Promociones e Inversiones Salgado Asociados SL, según informa en una nota de prensa el despacho de abogados extremeño Bálamo Legal y Fiscal que ha representado a las empresas en este litigio.
La controversia se inició en el año 2008, cuando el Ayuntamiento adjudicó a la UTE constructora el contrato para adecuar la bóveda del edificio.
El Consistorio decidió resolver el contrato por incumplimiento del contratista y ejecutar las garantías prestadas para el pago de las cantidades en que a su favor liquidó el incumplimiento, que ascienden a 400.000 euros.
Desde entonces, ha habido un largo camino de procedimientos y litigios entre las partes, con repetidas resoluciones judiciales que han dado la razón a la UTE.
La sentencia, de 6 de julio, considera que el Ayuntamiento dejó transcurrir en exceso el plazo de que disponía para reclamar la responsabilidad de la empresa que ejecutó las obras, motivo por el que estima el recurso interpuesto por ésta y deja sin efecto la resolución que declaraba el incumplimiento de sus obligaciones.
"Lo relevante es que con esta sentencia, al contrario que con las anteriores dictadas, se concluye la discusión y se pone fin a más de doce años de controversias", según informa el despacho de abogados en una nota de prensa.
El Ayuntamiento de Cáceres había defendido que la empresa incumplió sus obligaciones en el contrato y le reclamaba los importes en que valoraba su incumplimiento.
Por su parte, la empresa, al contrario, siempre consideró que "las dificultades durante las obras se debieron al propio Ayuntamiento y que los sucesivos procedimientos para la reclamación nunca se tramitaron y resolvieron adecuadamente por el Ayuntamiento", recoge la nota.
Por tanto, contra la sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de quince días ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
EL ALCALDE CONTESTA
Por su parte, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha anunciado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento cacereño están estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres por la que queda anulada la resolución de Alcaldía, dictada en 2017, de resolver el contrato de adecuación de la bóveda y exteriores del edificio Embarcadero de Cáceres.
Según Salaya, la sentencia "no valora el fondo" y decreta la prescripción del asunto, un criterio que no compartían los servicios jurídicos del Ayuntamiento, por lo que ahora se está estudiando "si se recurre o no".
"Es una posibilidad que está abierta", ha resaltado el regidor este miércoles en declaraciones a los medios tras una rueda de prensa.
Así, ha aclarado que se desestima la pretensión del Ayuntamiento porque el juez considera que el asunto estaba prescrito y que "la serie de actuaciones judiciales previas no interrumpía la prescripción de ese asunto concreto y el criterio del ayuntamiento era otro".
"La postura del Ayuntamiento es que reclama unas cantidades por daños y perjuicios por una obra que entendíamos que estaba mal acabada y, en este caso, el juez determina que el asunto estaba prescrito", ha insistido Salaya.
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