01 septiembre 2017
El nuevo jefe de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, Constantino Avilés, se ha reunido este viernes con el subdelegado del Gobierno, José Carlos Bote, con quien ha tratado cuestiones relativas a la mejora del servicio que se presta a los ciudadanos, así como la eficacia y agilidad en la tramitación de los expedientes de extranjería.
Entre sus principales objetivos están los de facilitar los trámites y gestiones que tienen que realizar los ciudadanos comunitarios y extranjeros en la provincia, así como acercar la oficina a todos los agentes que tratan asuntos de extranjería como son empresarios españoles que necesitan trabajadores, abogados y graduados sociales.
En cuanto al trabajo interno de la oficina tratará de "incrementar los niveles de transparencia y del uso de la administración electrónica para la mejora del servicio", según informa la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa.
Del mismo modo, considera necesario seguir estrechando las relaciones con el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Inspección de Trabajo, Tesorería General de Seguridad Social, INEM o el INSS "para que entre todos logremos que se cumplan las normas de forma clara y con eficacia, intentando detectar cualquier tipo de fraude", indicó.
Constantino Avilés es licenciado en Derecho, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y experto universitario en Protección de Datos, empezó precisamente su carrera profesional en esta misma Oficina de Extranjeros en el año 2005.
Posteriormente ha ocupado puestos de responsabilidad en la Oficina de Extranjería de Madrid y Sevilla; en la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y en la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad de Andalucía, siendo su último destino la jefatura de servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la IV Zona de la Guardia Civil, en la comunidad andaluza.
La Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres tramita al año alrededor de 2.000 expedientes administrativos, entre solicitudes de régimen general, comunitarios y familiares de comunitarios que piden el reconocimiento de su derecho de residencia y/o trabajo, y la imposición de sanciones por incumplimientos de la legislación de extranjería.
