13 junio 2017
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Así, en el texto de la primera moción se recoge que, tras la publicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la competencia relativa a la conservación de caminos y vía rurales, desaparece como competencia propia de las entidades locales, pasando a ser competencia de las Comunidades Autónomas.
Por ello, los 'populares' cacereños instan a la Junta de Extremadura que, de común acuerdo con los técnicos del Ayuntamiento de Cáceres, lleve a cabo la elaboración de una memoria económica que refleje el impacto financiero que esta competencia relativa al mantenimiento y conservación de los caminos y vías rurales (red secundaria de caminos rurales) tiene sobre el Ayuntamiento de Cáceres.
Una vez realizado este informe y cuando se sepa qué dinero se gasta el Consistorio cacereño en esta partida, se requiere a la Junta de Extremadura que, en los Presupuestos Generales anuales, se incluya una partida presupuestaria encaminada a sufragar los gastos que la atribución de estas competencias supone anualmente para las arcas municipales de Cáceres.
Desde el Grupo Popular, se solicita que se adopten las decisiones que legalmente procedan y que se firmen los convenios que fueran necesarios para dar cumplimiento a esa Ley de Bases de Régimen Local que determina que la conservación de los caminos rurales no es competencia municipal.
HABILITACIÓN FUNCIONAL
Por otra, parte, en la segunda moción de los 'populares' se pide a la Junta de Extremadura que ordene al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) que reconozca el derecho a recibir los tratamientos de la Habilitación Funcional a niños a partir de los seis años con alguna discapacidad.
En este sentido, la moción recuerda que un grupo de padres y madres de niños con discapacidad de distintos diagnósticos, síndromes o trastornos, unidos por el hecho de que han cumplido seis años entre finales de 2016 y el 2017, se han encontrado de repente en una situación en la que sus hijos, habiendo sido tratados con Atención Temprana al llegar a los seis años empiezan a engrosar una lista de espera de casi ocho meses sin ningún tipo de respuesta y "sin ninguna garantía de que les vayan a dar sus tratamientos".
Además, hay otros casos, "aún peores", en los que se les deniegan dichos tratamientos "a pesar de que tanto los especialistas como los centros especiales donde están escolarizados los recomiendan encarecidamente", recoge el texto.
La situación actual es que estos niños que, en la mayoría de los casos, tienen un trastorno del espectro autista o parálisis cerebral, y ya han sido valorados, diagnosticados y han estado hasta los 6 años en Atención Temprana, deben pasar a la Habilitación Funcional, con logopedia, psicomotricidad, psicología o fisioterapia y "no sufrir retrasos en dichos tratamientos y mucho menos negárselos".
"Y es en este punto donde la Junta de Extremadura no ha planificado ni ha provisto los fondos necesarios para que estos niños, que aún son pequeños y las terapias con ellos son fructíferas, reciban la atención que necesitan", aseguran los 'populares' en su moción, en la que recogen que "el problema no es sólo el parón que estos niños sufren, sino además la regresión de las habilidades que han adquirido durante el periodo de Atención Temprana y que tanto les ha costado a los niños, a sus terapeutas y a los especialistas".
Por ello, se pide a la Junta de Extremadura que "solucione la situación creada a la mayor brevedad posible ordenando al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) el reconocimiento del derecho a recibir los tratamientos de la Habilitación Funcional a partir de los seis años y mientras dure la etapa evolutiva y de desarrollo evitando en todo caso periodos sin dichos tratamientos".
