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02 diciembre 2025
La Diputación de Badajoz ha participado en la segunda reunión de trabajo del proyecto europeo Naturefin, celebrada en el municipio griego de Paggaio, que ha reunido a representantes de las seis regiones socias -procedentes de Hungría, Finlandia, Grecia, Portugal, Albania y España- para "avanzar en el diseño de estrategias regionales que alineen las políticas de desarrollo con la protección de la biodiversidad", así como los criterios de sostenibilidad y las nuevas regulaciones europeas de financiación verde.
Así pues, durante las tres jornadas de trabajo se han combinado visitas técnicas, talleres de intercambio y sesiones prácticas en las que se han analizado casos reales, herramientas de gestión y retos compartidos en torno a la adaptación de las políticas públicas al marco de las finanzas sostenibles.
En concreto, entre otros temas, se ha abordado la aplicación del principio 'Do No Significant Harm' en la planificación regional, la integración de la Taxonomía Europea de Finanzas Sostenibles, y los mecanismos para involucrar a los distintos grupos de interés, según informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.
Además, tal y como destaca, el proyecto Naturefin, financiado por el programa Interreg Europe con apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), cuenta con un presupuesto total de 1,4 millones de euros, de los que la Diputación de Badajoz gestiona 187.800 euro.
Su objetivo es "mejorar la eficacia de las políticas regionales para que contribuyan activamente a frenar la pérdida de biodiversidad, mitigar el cambio climático y fomentar el uso responsable de los recursos naturales", según señala la Institución provincial.
En el caso de la Diputación de Badajoz, el trabajo se centra en mejorar el Plan Estratégico de Subvenciones, incorporando criterios de sostenibilidad y biodiversidad en la asignación de ayudas provinciales, especialmente aquellas destinadas al desarrollo local y territorial.
Finalmente, también destaca la Institución que esta reunión continúa el proceso de aprendizaje estructurado entre regiones, que se desarrollará hasta 2029 mediante grupos de trabajo, planes de acción y seguimiento de impacto, para adaptar buenas prácticas al contexto de cada territorio y fortalecer la capacidad institucional frente a los retos ecológicos y financieros actuales.
