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20 febrero 2025
Ep.
El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado en la sesión extraordinaria de este jueves y con los votos favorables del PP y en contra del PSOE, Vox y el concejal no adscrito la resolución de alegaciones y la ratificación definitiva de la ordenanza fiscal de la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos y asimilados.
Una tasa cuyo coste total asciende a 9,4 millones en el año completo y unos 5,5 millones en este 2025 cuando los pacenses la pagarán a partir del 1 abril de manera trimestral, y ante la que, según los datos aportados en su momento por el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, se contemplan cuantías de entre 69,68 y 106,79 euros al año - para viviendas de menos de 60 metros cuadrados o de superficies iguales o de más de 360 metros, respectivamente- según la superficie de las viviendas. En las actividades económicas, se abona en función del tipo de actividad y superficie.
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha cerrado el debate de este punto al señalar que desde el equipo de gobierno no quieren, pero tienen que hacerlo y lo llevan a cabo "por responsabilidad", así como que le sorprende "el cinismo de algunos", en alusión al PSOE, que plantean alternativas y "pretenden dar lecciones" en este ayuntamiento cuando son oposición.
"Luego cuando gobiernan no han existido mesas de trabajo, en ningún caso; no existe una discriminación por valor catastral, en ningún caso; no existen bonificaciones en base a la vulnerabilidad o a los ingresos de los obligados al pago, en ningún caso; y además la tasa de basura es muy superior", ha remarcado, "hasta el punto de que se ha subido más de un 50 por ciento en los últimos dos años".
De esta manera lo ha trasladado al concejal y al portavoz del PSOE Alejandro Mendoza y Ricardo Cabezas, respectivamente: "hablo de la casa para la que usted presta su servicio y de la que el portavoz del grupo mayoritario de la oposición es diputado, es decir, en Diputación no se discrimina ni por valor catastral, ni por número de ocupantes, ni por situación familiar* no se discrimina y cuesta 132 euros a todo hijo de vecino". "Hay que predicar con el ejemplo y es lo que digo siempre, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago", ha agregado Gragera.
Cabezas ha querido intervenir por alusiones, pero el alcalde no lo ha permitido y ha explicado que le alude "no personalmente" sino en la condición que ostenta, así como que "no es una alusión personal" sino que "forma parte del debate" y "tiene que asumirlo".
POSTURA DE LOS GRUPOS
El edil de Economía y Hacienda ha detallado sobre las alegaciones presentadas que "las únicas que han sido aceptadas" se corresponden con dos viviendas que no tenían el servicio de retirada de residuos y que el resto han sido "desestimadas" por diversos motivos, unas porque emplazaban a hacer estudios nuevos, otras porque hacían alusiones a unos plazos de publicación que, por el certificado del secretario general, estaban cumplidos u otras por exenciones que marca la ley.
El no adscrito, Carlos Pérez, ha considerado que la tasa de basura no se ha consensuado "correctamente" con diferentes colectivos y que, ante la referencia de los metros cuadrados, ha buscado en Google, "como el hermano de Sánchez", cómo se ha actualizado esta misma tasa en otras localidades como Alcalá de Henares, con una cuota fija, una variable por consumo de agua y una tercera por la ruta de recogida, además de rebajar el IBI. Así, justifica su voto en contra en que se cierran "en banda" a otro tipo de tasa que recoja la filosofía de que se contamine menos.
Desde Vox, Marcelo Amarilla ha señalado que la ordenanza establece un sistema "injusto" en el que la cuota fija va a en función de los metros cuadrados, mientras ciudades como Barcelona o Málaga tienen en cuenta el agua consumida; ha expuesto que si no va acompañado de una bajada de impuestos votarán "siempre en contra" porque "ya existía el servicio cubierto a través de impuestos o tasas que ingresaba el ayuntamiento" y "ahora se crea uno nuevo" y el gobierno colabora "con el aumento de la presión fiscal que sufren los ciudadanos".
Mientras, desde el PSOE Alejandro Mendoza ha sostenido que en el PP "viven de espaldas a la ciudadanía de Badajoz", que su mayoría absoluta "se les está atragantando" y una "buena" prueba de ello es lo que ha ocurrido con esta ordenanza, en la que excluyendo las dos alegaciones presentadas por vecinos que no recibían la prestación del servicio rechazan "de pleno" todas las demás, al tiempo que ha expuesto que volverán a votar en contra, como hicieron con la provisional, "por responsabilidad", por no ser "cómplices de su mala gestión" o "nula" capacidad de escucha.
Para los socialistas, la ordenanza es "mejorable" y tiene un componente "dañino y perjudicial" para quienes tienen menos recursos y más dificultades tienen para poder cubrir sus necesidades, ante lo que ha diferenciado el criterio considerado, la superficie en metros de una vivienda, frente al valor catastral, y lo ve "clave" para determinar mayor renta, capacidad económica y, por tanto, generación de residuos, dado que el segundo es el monetario que la administración asigna a cada inmueble. Como propuesta, abogaban por modificar el IBI para paliar los efectos de la tasa.
En una segunda intervención, Gijón se ha dado "por satisfecho" de que se haya abandonado el debate y "todo el mundo está concienciado" de que si están aprobando esta tasa de residuos es como consecuencia de una legislación nacional, firmada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a instancias de una directiva europea, de modo que viene "provocado" por que Sánchez "ha elegido que el mejor método" era que pagasen los vecinos.
También ha defendido que la tasa de Badajoz se sitúa por debajo de la media nacional, mientras que desde la oposición han abogado por la introducción de bonificaciones y, en concreto, Mendoza ha planteado que el estudio de costes sobre el que se sustenta la tasa es "incorrecto" al no haber incluido el de la gestión de la recaudación y que es una "ilegalidad", ante lo que Gijón le ha dicho que "repase" el estudio económico y no asevere "con esa contundencia" que no se incluyen ciertos costes, "no sea que se esté usted equivocando".
AGENDA URBANA
El pleno también ha dado luz verde, con el voto a favor del PP y el no adscrito, en contra de Vox y la abstención del PSOE, a una modificación de la agenda urbana consistente en la inclusión de tres acciones que completan el centenar inicial, entre la rehabilitación del Convento de la Concepción en el que se proyecta unificar servicios municipales, la ampliación de la flota de autobuses 100 por cien eléctricos y la implementación de bicicletas eléctricas en el servicio público de alquiler BIBA.
En declaraciones posteriores a los medios, Gijón ha valorado que el l consistorio han evaluado todas las posibilidades que la ley nacional permitía al aplicar esta tasa y que la indicación era que fuera "lo menos lesiva" para el ciudadano dentro de la obligación de repercutir el coste total del servicio. Sobre las bonificaciones que pide la oposición, ha explicado que "en cualquier momento" se pueden actualizar, modificar o incorporar y que es "una puerta que puede estar ahí abierta".
En relación a la rebaja del IBI, ha matizado que es "imposible cuadrar" dos impuestos que tienen bases de reparto "totalmente distintas", pero que no descartan su modificación y Gragera ha dado instrucciones para hacer los estudios económicos de en qué podría consistir una rebaja del IBI y cuál podría ser la repercusión para el ciudadano y el ayuntamiento, respecto a lo cual los equipos económicos están trabajando en este sentido, aunque "ahora" han estado centrados en aprobar esta tasa y en los presupuestos para este año, por lo que ese estudio "todavía no está cerrado".
