23 marzo 2023
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La Asamblea de Extremadura ha rechazado una propuesta de impulso en la que se instaba a la Junta a aplicar la normativa europea en la gestión y planificación de las instalaciones de tratamientos de residuos industriales que sean de su competencia.
Una iniciativa a la que el PSOE ha presentado una enmienda de modificación, a la que a su vez el grupo proponente, Unidas por Extremadura ha planteado una transaccional, ambas rechazadas, que ha tenido como telón de fondo el nuevo Plan de Residuos Industriales de la región (PIREX), y especialmente el macrovertedero proyectado en Salvatierra de los Barros (Badajoz).
Tanto es así que miembros de la plataforma ciudadana Salva Tu Tierra, que se opone frontalmente al proyecto en Salvatierra, han asistido al debate en el hemiciclo de la Asamblea durante el último Pleno de la legislatura, e incluso la presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha especificado al subir a la tribuna que la iniciativa "nace" de esta formación.
Un proyecto de macrovertedero que ha acaparado el debate, y sobre el cual el diputado socialista Carlos Labrador ha señalado que su expediente se encuentra "zanjado" por parte de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, lo cual ha sido rebatido por la diputada de Unidas por Extremadura al afirmar que la resolución del recurso de alzada no resuelve sobre "el fondo del asunto".
Según De Miguel, lo que hace la resolución es "indicar a la empresa las correcciones que tiene que hacer para que lo presente de nuevo y no haya ningún fallo y la consejería pueda tramitarlo libremente", ha advertido.
"Y si no, al tiempo", ha espetado Irene de Miguel, quien ha reprochado a la Junta y a los socialistas que lo que hacen con esta cuestión, como en otras, es "dejar puertas abiertas" a la empresa promotora.
Por otro lado, la diputada ha señalado sobre el Pirex que se encuentra en plena fase de elaboración que esperaban que fuera el "portazo definitivo" al proyecto, pero "nada más lejos de la realidad", puesto que "en la práctica supone hacer lo contrario a lo que se supone que son los principios básicos que deben regir el tratamiento de residuos".
En concreto, ha dicho que el plan no vela por la salud de los ciudadanos de localidades próximas a estas instalaciones, puesto que no fija una distancia mínima a los núcleos urbanos; asimismo no exige que las industrias gestionen sus propios residuos.
Pero para De Miguel la "clave de bóveda" del plan se encuentra en la construcción de una red adaptada a las necesidades de Extremadura, que en su opinión debería calcularse en función de los residuos que la región produce, y no sobre los que gestiona.
Así, ha señalado que Extremadura solo produce el 28% de los residuos industriales que produce, de tal forma que el borrador del Pirex establece el límite en 180.000 toneladas al año, mientras que De Miguel reduce las necesidades de la región a 25.000 toneladas.
"Extremadura no se merece ser el vertedero de Europa solo por el negocio de unos cuantos mientras que se contamina la dehesa y se expulsa de sus pueblos a los extremeños", ha espetado De Miguel, quien considera que Extremadura cuenta con instrumentos como el Pirex para evitarlo, si bien para ello es necesario actuar "con valentía".
PROYECTO "ZANJADO"
Por su parte, el diputado socialista, Carlos Labrador, ha lamentado que Unidas por Extremadura lo "desvirtúe todo" y utilice esta cuestión como "arma arrojadiza" cuando se trata de un expediente, en relación al macrovertedero, que "ya es pasado", donde "con responsabilidad, legitimidad y sin ruido ya lo ha resuelto y zanjado la Junta".
Así es como actúa, ha dicho, una administración "responsable", tramitando el expediente, "estudiándolo a fondo, dando posibilidad de alegar y resolviendo en función de las leyes que son de aplicación", que ha dado como resultado un "expediente desfavorable y que, administrativamente está zanjado".
Con respecto a la iniciativa, ha señalado que comparte "gran parte" de la posición de la misma, con respecto a los principios de jerarquía de residuos, fomento de la economía circular, protección de la salud humana y del medio ambiente, y del "quién contamina paga".
Sin embargo, hay otra parte de la propuesta que no comparte al considerar que van en contra de las competencias de la administración regional o de la normativa de la UE.
Así, ha dicho que no se puede obligar a las empresas a gestionar los recursos en sus propias instalaciones, puesto que la Junta carece de competencias, así como tampoco las tiene para limitar los trasladados fronterizos de residuos.
Asimismo, ha avanzado que no aceptaban la transaccional presentada por Unidas por Extremadura porque plantean cuestiones que la cambian "por completo" y además lo hacen con planteamientos cargados de "mayor radicalidad".
PROPUESTA "TRAMPA"
A su vez, el diputado del Grupo Popular Bibiano Serrano ha calificado la iniciativa como una "propuesta de impulso trampa", porque si bien ha coincidido con Unidas por Extremadura en que "nadie" quiere que se instale ese macrovertedero en Salvatierra, pretende "engañar al personal".
De hecho, ha reconocido que si hubiera aceptado la enmienda de modificación planteada por el PSOE la hubiera votado a favor "sin problema". Así, y sobre la transaccional planteada por Unidas por Extremadura a su propia iniciativa, ha rechazado que se limite a 25.000 toneladas al año el volumen de residuos a tratar en la región, porque la comunidad no se tienen que "condenar de por vida" a no tener más industria que la que tiene..
Tampoco comparte que se obligue a las industrias a gestionar los residuos en sus propias instalaciones, lo cual iría en contra de pequeñas empresas como un taller mecánico o una panadería.
Finalmente, el diputado de ciudadanos Fernando Baselga ha anunciado que su formación se abstendría en esta votación puesto que comparte "muchos" de los criterios que recoge, al entender que hay que procurar eliminar los residuos, pero hay otros que son incompatibles con su formación, como la gestión exclusivamente pública de estas instalaciones.
Baselga se ha mostrado partidario de que primero se dote a Extremadura de la industria que necesita y posteriormente se construyan las plantas de tratamiento de residuos, al tiempo que ha apostado por un sistema mixto, de tal forma que se "controle" a las empresas que tienen entre manos un "sustancioso negocio", así como ha señalado que si se deja todo en manos privadas "al final vendrán más residuos de fuera" lo cual perjudica a los municipios próximos a los vertederos.
