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14 febrero 2023 | Publicado : 13:02 (14/02/2023) | Actualizado: 16:48 (14/02/2023)
La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigadas a diez personas en la provincia de Badajoz por su presunta autoría de un delito contra la flora, fauna y animales domésticos, tras ser sorprendidos practicando la caza furtiva con galgos.
En concreto, estas diez personas estarían implicadas en cuatro actuaciones no relacionadas entre sí llevadas a cabo desde finales del pasado año, enmarcadas dentro de los dispositivos establecidos para prevenir la caza furtiva, en los términos municipales de Llerena, Granja de Torrehermosa, Mérida y Los Santos de Maimona.
Dos de ellas en fincas de los términos municipales de Llerena y Granja de Torrehermosa, cuando el SEPRONA de la Guardia Civil de Azuaga con la colaboración de Guardas Rurales sorprendieron a seis vecinos de Mérida cazando liebres con galgos en un día no hábil y sin autorización del titular del coto de caza.
Personas que hacían uso de visores térmicos para advertir la presencia de las piezas de caza, previa a la suelta de los galgos para abatirlas. Además, algunos de estos perros carecían de identificación y documentación sanitaria, según indica la Guardia Civil en una nota de prensa.
En las otras dos actuaciones de similares características, ocurridos en cotos de caza de términos emeritenses y santeños, los agentes de la Guardia Civil y Seprona contaron también con la cooperación de la directiva de la propia Sociedad Deportiva afectada, consiguiendo implicar a otras cuatro personas, vecinas de Montijo y Fuente del Maestre, que igualmente habían sido sorprendidas cazando liebres con galgos sin la preceptiva autorización del coto.
A los diez responsables de los ilícitos penales se les han instruido diligencias como investigados por un delito contra la flora, fauna y animales domésticos, y se les ha propuesto para sanciones administrativas al carecer de identificación y documentación sanitaria de algunos de los animales utilizados, que han quedado bajo custodia de sus propietarios a disposición de la autoridad judicial.
Según lo establecido en el Código Penal, estas personas se enfrentan a penas de multa de 4 a 8 meses, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar por tiempo de 1 a 3 años. Las diligencias instruidas en cada uno de los casos han sido entregadas en su Juzgado de Instrucción correspondiente.
Por todo ello, la Guardia Civil subraya que es fundamental la colaboración ciudadana, especialmente por parte de las propias sociedades, cazadores y guarda rural, en la lucha contra el furtivismo.
