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Jornada sobre la Ley de Contratos del Sector Público en Badajoz

La Diputación de Badajoz y la Fundación Democracia y Gobierno Local han organizado una Jornada de contratación pública en el Palacio de Congresos pacense

28 febrero 2018 | Publicado : 16:02 (28/02/2018) | Actualizado: 18:11 (28/02/2018)

Esta Jornada sobre Contratación Pública ha estado organizada por la Diputación de Badajoz y la Fundación Democracia y Gobierno Local

Entre los ponentes que han asistido a la Jornada de Contratación Pública que se ha desarrollado en el Palacio de Congresos de Badajoz se extendía la idea de que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, LCSP, es de difícil aplicación, sobre todo en las localidades pequeñas, si bien también opinan que puede contribuir a la transparencia y a la lucha contra la corrupción.

Esta nueva normativa, que entra en vigor el próximo 9 de marzo, pretende incrementar la eficiencia del gasto público facilitando la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública.

La Jornada ha estado organizada por la Diputación de Badajoz y la Fundación Democracia y Gobierno Local. En el acto inaugural, el director de la Fundación, Ramón Camp i Batalla, ha dado la bienvenida a los cerca de 350 asistentes entre alcaldes, diputados y personal de los ayuntamientos a quien va dirigida y que han llenado el aforo del Palacio.

A continuación, el diputado delegado del Área de Fomento de la Diputación, Saturnino Alcázar, se ha dirigido a los asistentes explicando que de la nueva Ley “se nos dice también que el objetivo es tratar de diseñar un sistema de contratación pública más eficiente, transparente e íntegro”.

El texto legal de esta nueva normativa es, tanto para el diputado provincial como para la mayoría de los ponentes, denso y de estructura compleja (contiene 347 artículos y 53 disposiciones adicionales más 16 finales, 5 transitorias y 1 derogatoria). Su mensaje, indican, se hace arduo, farragoso y muy difícil para el operador jurídico.

Aun así Alcázar ha precisado que la Diputación de Badajoz, consciente de la importancia de la contratación pública, entiende que el nuevo texto legal contiene importantes novedades que deben conocer los operadores jurídicos de los órganos de contratación, destacando entre ellas la nueva regulación del contrato electrónico y de los contratos menores o el favorecimiento de la participación de las PYMES.

La Diputación, ha subrayado, va a seguir asesorando en materia de régimen local a través de diversas acciones formativas sobre contratación pública contenidas en el Plan de Formación desarrollado por la institución provincial durante el presente ejercicio.

El presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, ha transmitido un mensaje de tranquilidad a los presentes en su discurso de clausura. Si bien ha definido la nueva Ley como farragosa, ha afirmado que “hay que trabajar con ella porque va a entrar en vigor a partir del próximo 9 de marzo”.

La Diputación, ha destacado, “ha estado trabajando para ayudar a los Ayuntamientos en este trance, ya que a partir del día 9 se podrán adherir a la Plataforma Digital creada por la institución provincial para ayudar en los trámites de contratación”. Esta Plataforma enlaza directamente con la Estatal.

Gallardo ha manifestado a continuación que esto es posible porque la Diputación de Badajoz lleva tiempo trabajando en sus servicios digitales: “en dos años de funcionamiento -ha referido- esta Plataforma ha producido más de mil licitaciones y se ha contratado por valor de 4,5 millones de euros, con un ahorro para la entidad provincial de 600.000 euros”.

Y eso ha sido posible, según Gallardo, porque la función esencial de la Diputación es adaptarse a la realidad del momento y dar apoyo y asesoramiento al mundo rural.

“Vanos a seguir trabajando para aminorar las consecuencias de esta compleja normativa”, ha indicado. A continuación ha querido dejar claro que con el tiempo “veremos las distintas mejoras que pueden hacerse, pues se nota que nuestros legisladores viven al margen de la realidad del país, de nuestros territorios”.

Miguel Ángel Gallardo se ha mostrado preocupado porque los secretarios y secretarias que trabajan en las entidades locales tengan las herramientas necesarias para trabajar con dignidad, recordando que el acuerdo de la FEMP con el Ministerio de Hacienda permitirá invertir el superávit de 5.000 millones de euros, “una buena noticia para el ámbito local, un pequeño avance”.

El presidente se ha referido también a una ley de financiación local que permita invertir en servicios públicos “de forma eficiente, eficaz y con calidad”.

Para finalizar, el presidente de la institución provincial pacense ha transmitido a los presentes que “queremos que os sintáis protegidos por el paraguas de la Diputación ante esta nuevo texto normativo y los que podrán llegar en un futuro, “y sobre los recursos que habrá que invertir en estos próximos meses”.

Ponencias y conclusiones

A lo largo de la mañana se han sucedido una serie de intervenciones de expertos en la materia. La ponencia inaugural ha girado en torno a la nueva Ley desde una perspectiva general que ha desarrollado Tomás Cano Campos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.

Cano ha recordado que la contratación pública ha dado como resultado en España “uno de los cuerpos normativos más extensos, complejos e inestables de todo nuestro Derecho Administrativo”.

El texto, según el catedrático, supera en extensión a todo el Código Civil. Esta Ley de Contratos, considera Tomás Cano, introduce numerosas novedades, siendo “reglamentista en exceso, lo que la convierte en un texto de una gran complejidad interna y de difícil manejo y comprensión” debido a que el legislador abusa de las bases estatales y apenas deja margen para la normativa autonómica y local.

A continuación se ha debatido en torno a la preparación y adjudicación de los contratos. Su autora, la profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos, María Hernando Rydings, sostiene que la LCSP incorpora varios procedimientos de adjudicación: “abierto, restringido, con negociación, diálogo competitivo y asociación para la innovación”.

También ha explicado, en aras a seguir fomentando la publicidad y concurrencia entre los licitadores, que “se han incluido importantes novedades en este ámbito, como son la eliminación del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía y la inclusión de dos nuevas vertientes en el ámbito del procedimiento abierto: la simplificada y la súper simplificada, lo que podrá permitir la adjudicación de contratos en plazos no superiores a un mes”.

Otra de las ponentes, Silvia Díez Sastre, profesora también de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid, ha abundado en la simplificación y modificación de los contratos, concluyendo que la nueva LCSP introduce novedades importantes reflejadas en medidas como la extensión de la declaración responsable y la incorporación de una vertiente simplificada del procedimiento abierto.

“En esta misma línea -ha explicado- la nueva regulación de la contratación menor pretende contribuir a la simplificación procedimental combinada con las exigencias de transparencia e integridad”. Asimismo, Díez Sastre ha aclarado que se limita la obligatoriedad de las modificaciones a las previstas e imprevistas que no superen el 20% del precio inicial del contrato.

Isaac Martín Delgado, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha expuesto sobre la contratación electrónica y transparencia que la nueva Ley hace una apuesta tímida por el uso de los medios electrónicos, “de ahí que resulte imprescindible tomar en consideración la Ley de Procedimiento Administrativo Común a la hora de implantar la Administración Electrónica en los procedimientos de contratación”.

Desde la perspectiva de la transparencia, Isaac Martín considera que las novedades referidas al perfil del contratante y la plataforma de contratación “pueden ayudar eficazmente a favorecer no sólo la concurrencia entre licitadores sino también la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción”.

La última de las ponencias, a cargo de Julio Víctor González García, catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto de Derecho Europeo de la Universidad Complutense, sostiene que la aplicación de la Ley de Contratos es una oportunidad para las Administraciones Públicas, “para lo que tienen que cumplir con la triple P: publicidad, planificación y profesionalización”.

Julio González ha añadido que el tratamiento global de la Ley es una ventana de oportunidades y que “la molestia que causan ciertos cambios irán acompañados de mejoras si se interpreta la Ley en su conjunto”.

La Jornada sobre Contratación Pública ha sido retransmitida en directo a través del siguiente enlace: http://www.dip-badajoz.es/vdirecto/

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