Gobierno lanza a audiencia pública un proyecto para exigir consumo energético renovable

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El Gobierno central ha lanzado este jueves a audiencia pública, por la vía de urgencia, el proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, según ha informado este jueves el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En concreto, la propuesta normativa, a la que se podrán presentar alegaciones desde este jueves, 27 de agosto, hasta el próximo 4 de septiembre, exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético.

Este proyecto de real decreto ha sido desarrollado por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública. El pasado martes, el Consejo de Ministros acordó su tramitación administrativa por la vía de urgencia.

Con esta iniciativa se persigue ordenar la implantación de los centros de datos ante el notable incremento de la llegada de proyectos, garantizando los mejores estándares para garantizar la seguridad jurídica y atraer inversiones.

En este sentido, el Gobierno ha estudiado la problemática que se ha dado en otros países -como Irlanda, Singapur, Países Bajos o Estados Unidos-, considerando así que es el momento oportuno para adelantarse a la regulación y esquivar esos posibles problemas.

La propuesta normativa recoge medidas en materia de resiliencia y soberanía digital, como la obligación de que la operación del centro y el control de los datos asociados a la operación correspondan a entidades sujetas al derecho de la UE, y también en materia de sostenibilidad ambiental y energética, como la obligación de consumir energía renovable de nueva implantación, además de cumplir criterios de eficiencia energética y de consumo de agua.

De esta manera, la normativa busca que se cumpla con los estándares de eficiencia hídrica y energética más exigentes, así como con los criterios de soberanía digital, tecnológica y capacidad de cómputo.

A pesar de que España cuenta con una Estrategia de Inteligencia Artificial (IA) que estima unos 2,5 gigavatios (GW) de potencia de computación en 2030, que se cifra que necesitarían de 3,5 GW a 4 GW de demanda eléctrica, la realidad es que las peticiones y los permisos concedidos para este tipo de instalaciones superan varias veces ese objetivo, por la estratégica ubicación geográfica del país, su clima y su potencial en renovables, habiéndose otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica desde 2021.

La normativa fija los requisitos para las instalaciones mayores de 1 MW de potencia eléctrica, por ser las que tienen una incidencia territorial, hídrica y ambiental relevante, con el objetivo de que España pueda así escoger los mejores centros de datos, los que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental.

PENALIZACIONES CRECIENTES POR INCUMPLIMIENTOS

En lo que se refiere a la materia energética, al igual que ya sucede con la producción de combustibles renovables de origen no biológico o con la producción de hidrógeno de origen renovable, el proyecto regulatorio introduce esa exigencia de que los centros de datos consuman energía renovable, que deberá ser como mínimo del 80% hasta que la generación renovable se sitúe por encima del 90% del 'mix' eléctrico.

Así, este consumo, con arreglo al proyecto deberá ser adicional, es decir, cada nuevo megavatio (MW) consumido deberá venir acompañado de un nuevo MW instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del 'data center', ya sea mediante autoconsumo o mediante contratos a plazo (PPA, por sus siglas en inglés).

Ese abastecimiento se acreditará hora a hora, por lo que, en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá ser energía renovable generada esa misma hora.

Además, los proyectos de centros de datos que quieran acceder a la red eléctrica deberán acreditar el cumplimiento de estos requisitos para obtener los derechos de acceso y acreditar el cumplimiento de estos requisitos para obtener los derechos de acceso y conexión.

El incumplimiento de los requisitos supondrá penalizaciones crecientes en los importes que correspondan en cargos y peajes y, en última instancia, la pérdida del propio derecho de acceso. Con estos recargos se compensará el sobrecoste que el incumplimiento de las obligaciones de adicionalidad y correlación horaria de consumo de renovables pudiera repercutir sobre el sistema y por tanto, sobre la factura de electricidad.

CONDICIONES PARA EL ACCESO A LA RED ELÉCTRICA

Igualmente, los proyectos de 'data centers' en tramitación tendrán seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento -tres meses si están a la espera de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica- o renunciar a los derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las correspondientes garantías.

También, habida cuenta de las grandes necesidades de agua y de energía de estos proyectos, se dispone que cumplan con los mejores niveles de eficiencia energética e hídrica de etiquetado europeo relativo a a los centros de datos, que actualmente está siendo desarrollado por la Comisión Europea y está previsto que entre en vigor en un año.

Así, la propuesta de decreto prevé que a partir de ese momento sea exigible el mayor nivel de la norma europea, la categoría 'A', tanto para eficiencia energética como hídrica.

En lo que respecta a materia de resiliencia y soberanía digital, se recogen medidas como la obligación de que la operación del centro y el control de datos asociados a la operación correspondan a entidades sujetas al derecho de la UE, así como que los datos, metadatos y registros que trate como parte de la operación del centro permanezcan en el territorio comunitario; y que se controlen de forma efectiva los accesos desde terceros países.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LA SOBERANÍA DIGITAL

A este respecto, Transformación Digital y Función Pública, en el ejercicio de sus competencias, comprobará el cumplimiento de estos requisitos, cuya vulneración puede derivar, en última instancia, en la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.

De esta forma, todos los centros de datos, a partir de un determinado umbral, deberán hacer una declaración responsable de que van a cumplir con esos criterios de soberanía digital.

Igualmente, todos aquellos 'data centers' que quieran alojar datos de cualquier Administración Pública o que tengan que ver con la seguridad nacional, además, tendrán que comprometerse formalmente a que los datos no van a salir de la Unión Europea (UE).

Todos los centros de datos mayores de 500 kilovatios (kW) deberán remitir al Ministerio que dirige Sara Aagesen los datos relativos a su eficiencia energética y su sostenibilidad para su publicación con carácter anual. Los mayores de 1 MW, además, deberán incluir si cumplen las mejores prácticas de la versión más reciente del código de conducta europeo sobre eficiencia energética de los centros de datos y de qué manera lo hacen.