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inmobiliarias extremeñas piden que ERTEs sean aceptados ante la "imposibilidad" trabajar

Presentados por la "casi totalidad" del sector medidas actuales son "causa de fuerza mayor" debido a la "imposibilidad" de continuar con su actividad.

28 marzo 2020 | Publicado : 12:03 (28/03/2020) | Actualizado: 13:40 (28/03/2020)


La Asociación Empresarial de Agencias Inmobiliarias de Extremadura (VIVIEX) han reclamado a la autoridad laboral que acepte los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) presentados por la "casi totalidad" del sector al entender que las medidas contempladas durante el estado de alarma suponen una "causa de fuerza mayor" debido a la "imposibilidad" de continuar con su actividad.

"La declaración del estado de alarma supone la imposibilidad de desarrollar nuestra actividad y tiene el mismo efecto que si se hubiera suspendido nuestra actividad, igual que se hace en el decreto con los bares, gimnasios, etc.", señala la asociación.

En el comunicado, Viviex añade que, para los trabajadores del sector, resulta "imposible" el cumplimiento de sus contratos de trabajo, ya sea de manera directa o indirecta, al afectar este "hecho catastrófico, extraordinario e imprevisible" de tal manera a su actividad comercial, que impide mantener las prestaciones básicas que constituyen su objeto.

Se refieren las inmobiliarias a que el Real Decreto 463/2020 suspende la apertura al público de sus locales, mientras que la LEY 11/2019 de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura establece como obligatorio para el ejercicio de la actividad el requisito dedisponer de un establecimiento abierto al público.

"Es obvio, por tanto, que existe una causa de fuerza mayor" que no sólo les "impide legalmente" el ejercicio de su actividad, sino que les "prohíbe expresamente" por no disponer del obligado establecimiento abierto al público.

La misma LEY 11/2019 considera infracción grave el ejercicio de la actividad de los agentes y agencias inmobiliarios, incumpliendo elrequisito de disponer de un establecimiento abierto al público. Dicha infracción da lugar a la imposición de multas de entre 4.000 y 40.000 euros.

Además, el Real Decreto 463/2020 prohíbe la circulación de personas para realizar cualquier tipo de visita comercial a un inmueble. La propiedad inmobiliaria "se vende de forma presencial, en la que es necesaria y obligada la visita física y presencial a los distintos inmuebles".

En este sentido, añaden que los bienes inmuebles no pueden ser objeto de comercio por internet, telefónico o por correspondencia. Estos canales sólo sirven como "mero complemento publicitario o comunicativo", pero el tráfico inmobiliario no tiene lugar "en ningún caso" a través de ellos.

Así, indican que su actividad comercial requiere de contacto con el público y movilidad por la vía pública por parte de todo el personal y clientes, necesarias para visitar los inmuebles.

La actual situación, sostienen, está suponiendo la "pérdida casi total" de su actividad comercial y por tanto de su ingresos, cuya "única causa directa es el COVID-19 y la declaración del estado de alarma".

"Se ha paralizado la actividad sobre las transacciones inmobiliarias que estaban en curso o programadas y se hace imposible la puesta en marcha de nuevas operaciones", añaden.

Por todo ello, consideran "indiscutible" la existencia de causas de fuerza mayor, y así deben ser "constatadas por la autoridad laboral" en relación a los ERTES presentados por las empresas del sector.

Finalmente, Viviex espera que esta situación sea "reversible y temporal", y traslada su "firme propósito" de trabajar para que en el futuro se reactiven la totalidad de los puestos de trabajo existentes con anterioridad a la aplicación del estado de alarma.

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