06 mayo 2020
El Grupo de Investigación de Economía Pública de la Universidad de Extremadura (UEx) ha apostado por coordinar la propuesta de Ingreso Mínimo Vital del Gobierno para paliar la pobreza de los hogares más vulnerables, con las iniciativas similares de las comunidades autónomas como es el caso de la Renta Básica.
Sin embargo, al profesor de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Jesús Pérez Mayo, le preocupa la "desigualdad normativa" y que esta "última red" de ayuda a los más vulnerables se ponga en marcha sin tener en cuenta las iniciativas regionales ya existentes.
En este sentido, desde este grupo se preguntan si las ayudas centrales van a complementar las autonómicas o viceversa, y asimismo creen otra "gran incógnita" sobre esta cuestión es saber si la prestación obtenida gracias al Ingreso Mínimo Vital irá vinculada a un marco de incentivación y compatibilidad laboral, puesto que "normalmente estas personas trabajan en un escenario de precariedad".
Además, según informa la UEx en una nota de prensa, la "mayor parte" de los especialistas de este grupo de investigación defienden un modelo de ayuda que guarde un "equilibrio" entre el trabajo que realiza el beneficiario, con el consiguiente salario, con las propias ayudas.
Este sería el "escenario más favorable" para que las familias pudieran disfrutar de una "liquidez suficiente" y a la vez propiciar su "permanencia o inclusión real en el mercado de trabajo".
"El escenario económico en el que estamos inmersos es complicado y esta crisis nos debería servir para no repetir errores pasados. Debemos tomar el ejemplo de países europeos que lo están haciendo bien en este sentido", insiste el investigador.
El otro aspecto sobre el que insisten los expertos a la hora de definir, gestionar e implementar el Ingreso Mínimo Vital de una manera "eficaz" es tener en cuenta la "excepcionalidad y crudeza" del momento actual y ofrecer a las familias que lo necesiten un "proceso transparente, ágil y simple" para solicitar esta prestación, otorgándose de una manera "casi inmediata".
"Si se produjeran casos de hogares a los que no le correspondiera la ayuda por rebasar los ingresos establecidos en el programa se les podría exigir su devolución en la posterior declaración de la renta", argumentan.
Este grupo considera que la vulnerabilidad económica de la población española en riesgo de exclusión social "no es una situación provocada por la pandemia" del COVID-19.
Estudios como el Informe Foessa, que analiza parámetros como la desigualdad social y la pobreza, ya constataban el año pasado la "elevada fragmentación social y la falta de políticas sociales" que contribuyan a mitigar este problema.
No obstante, si advierten de que esta crisis sanitaria ha aumentado la incertidumbre respecto al futuro de las personas "más expuestas" a perder las prestaciones del estado del bienestar.
"Nos preocupa qué puede pasar con la gente que ya estaba en precario antes de la actual crisis sanitaria", reconoce el profesor Pérez Mayo. Es la parte de la sociedad que ya "vivía más al día", es decir, "sin margen para hacer frente a imprevistos", y que ahora se ha podido ver afectada por un ERTE o un futuro ERE.
En términos económicos hay personas que "se podrán quedar por el camino", señala Pérez Mayo.
Cabe destacar que el Grupo de Investigación de Economía Pública la UEx está coordinado por el catedrático Francisco Pedraja Chaparro. Estudia líneas de investigación como pobreza y desigualdad, evaluación de políticas públicas, principalmente de educación y sanidad, o federalismo fiscal.
