Extremadura
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01 julio 2026 | Publicado : 12:07 (01/07/2026) | Actualizado: 13:09 (01/07/2026)
La Junta de Extremadura ha advertido de que la red autonómica de protección de menores dispone actualmente de solo 14 plazas libres para atender cualquier necesidad que pueda surgir en el sistema, una situación que, impide asumir nuevos repartos de menores extranjeros no acompañados en las condiciones planteadas por el Gobierno de España.
Así, lo ha subrayado el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, añadiendo que el real decreto aprobado por el Ejecutivo central incrementa de 344 a 364 la capacidad ordinaria asignada a Extremadura, aunque esa cifra es una estimación "teórica" que no refleja la ocupación real de los recursos de protección.
Según Fernádez Calle, en la actualidad, la Junta tutela a 107 menores extranjeros no acompañados, tres de ellos incorporados en los últimos días.
Además, el vicepresidente ha subrayado que las 14 plazas disponibles no están reservadas exclusivamente para menores extranjeros no acompañados, sino que constituyen la capacidad restante para atender cualquier ingreso en el sistema de protección, incluidos menores extremeños que puedan necesitar tutela por parte de la Administración autonómica.
Asimismo, ha defendido que la prioridad del Ejecutivo regional es garantizar una atención "digna, individualizada y de calidad" a todos los menores bajo protección y ha reclamado al Gobierno de España que, si considera que Extremadura dispone de mayor capacidad, habilite con sus propios recursos las plazas que estime necesarias.
Durante su comparecencia, Fernández Calle también ha informado de que, de los 107 menores extranjeros no acompañados tutelados por la Junta, 19 cuentan con referentes familiares en España y otros cinco disponen de familiares fuera del país, circunstancias que podrían dar lugar, siempre que se cumplan los requisitos legales, a procedimientos de reagrupación familiar.
MEDIDAS QUE TOMARÁ LA JUNTA DE EXTREMADURA
El vicepresidente ha anunciado que la Junta utilizará "todas las herramientas jurídicas y políticas", para impedir nuevos repartos que considere contrarios a la capacidad real del sistema extremeño.
Entre ellas, ha citado recursos ante la jurisdicción contencioso - administrativa y la posible exigencia de responsabilidades penales por la aplicación de la Ley de Extranjería.
Por último, Fernández Calle ha reiterado que el Gobierno autonómico seguirá defendiendo que las decisiones sobre la acogida de menores deben ajustarse a la realidad de los recursos disponibles y no a capacidades fijadas de forma teórica, al tiempo que ha reclamado al Ejecutivo central que priorice soluciones que garanticen el interés superior del menor y la sostenibilidad del sistema de protección.
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