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La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil denuncia que faltan más de 200 efectivos en Extremadura

La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha denunciado que la falta de 208 guardias civiles en su plantilla en Extremadura, el 6,7% del total, "ahonda los problemas de seguridad en las áreas rurales de Extremadura", y perjudica a las zonas más despobladas donde la cifra de efectivos de la benemérita es inferior a la establecida.

01 enero 2022 | Publicado : 17:01 (01/01/2022) | Actualizado: 17:01 (01/01/2022)



MÉRIDA, 1 (EUROPA PRESS)

La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha denunciado que la falta de 208 guardias civiles en su plantilla en Extremadura, el 6,7% del total, "ahonda los problemas de seguridad en las áreas rurales de Extremadura", y perjudica a las zonas más despobladas donde la cifra de efectivos de la benemérita es inferior a la establecida.

Este colectivo ha indicado que la plantilla íntegra fijada prevé 3.085 guardias civiles en Extremadura, pero actualmente hay 2.877, lo que supone 208 menos (177 menos en la provincia de Badajoz y 101 en la de Cáceres), según los datos que ha aportado este sábado Jucil en nota de prensa.

El porcentaje de plantilla vacante en la comunidad de Extremadura es del 6,7 por ciento, uno los pocos que se encuentra por debajo de la media nacional.

Aun así, la falta de efectivos suficientes "dificulta las tareas encomendadas a la Guardia Civil en esta área geográfica dada la gran extensión de estas dos provincias españolas", ha indicado el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño.

Para este colectivo, es imprescindible que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, "refuerce las plantillas, adaptándolas a las singularidades de la España vaciada", ya que la Guardia Civil "es responsable de la seguridad de miles de municipios en un entorno caracterizado por el envejecimiento y por la despoblación.

En este sentido, Vilariño ha avanzado que propondrán un estudio que contemple la reestructuración del despliegue territorial de la Guardia Civil a través de un modelo más eficiente, pensado en la idoneidad de contar con puestos en cada cabecera de comarca, con servicio las 24 horas al día y con más efectivos.

Y es que Jucil ha insistido en que "hay que incentivar no solo con una cuantía económica, sino también con el reconocimiento de su esfuerzo con una mayor puntuación o mediante condecoraciones por el servicio prestado y así retener más tiempo a los compañeros en la España vaciada" ha propuesto.

Las cifras que ha facilitado esta asociación indican que el total de vacantes supera las 10.000 en España, pero se hace especialmente agudo en áreas rurales donde esta carencia genera un incremento del grado de inseguridad de los bienes y propiedades de los residentes en los miles de pequeños núcleos urbanos en los que, en muchas ocasiones, los guardias civiles son más que servidores del orden público para convertirse en carteros, acompañantes, visitantes diarios o repartidores de medicamentos y de un rato de compañía.

La falta de efectivos dificulta una de las más importantes labores de la Guardia Civil, la de prevención del delito y de sus consecuencias en estos espacios escasamente poblados.

Por otro lado, Jucil afrontará la primera reunión del año en el Consejo de la Guardia Civil con una petición para que de manera urgente se despliegue en la plantilla un plan de prevención de suicidios (ha habido 17 en el año 2021), "una cifra dramática".

Las medidas adoptadas "han demostrado que no son suficientes para impedir que haya compañeros que no vean más futuro", según Vilariño, que ha insistido en que "hay que modificar los protocolos, facilitar la instalación de armeros en las dependencias y ofrecer ayuda a quienes la necesitan".

Además, Jucil ha denunciado que los guardias civiles no disponen de chalecos antibala individuales, incluso en momentos de pandemia tienen que compartirlos, y que tampoco tienen fundas antihurto para sus armas ni cámaras unipersonales que graben sus intervenciones, y ha reclamado también un cambio normativo que retire definitivamente la aplicación del Código Penal Militar a sus actuaciones policiales y su vida civil.

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