UPA-UCE denuncia que los cultivadores de ciruela no pueden entregar sus cosechas en la industria al no firmar contratos

MÉRIDA, 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha denunciado la "grave situación" por la que atraviesan los productores de ciruela de la región al encontrarse que las centrales hortofrutícolas están rechazando una importante parte de su cosecha, que llega hasta el 50 por ciento en algunos casos, debido a que no han suscrito contratos de compra al inicio de la campaña que les obligue a cumplir sus compromisos.

Por este motivo, Huertas ha exigido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), ante la que ya denunciaron esta situación antes del inicio de la presente campaña, que intensifique los controles y vigilancia sobre las centrales hortofrutícolas, que están actuando con "impunidad" pese a no respetar la ley que les obliga a suscribir un contrato de compra con los productores.

Según ha indicado el máximo responsable de la organización agraria en rueda de prensa, es difícil calcular la cantidad de ciruelas, y también de otras variedades de fruta de hueso que se encuentran en la misma situación, que se están quedando sin recoger en las explotaciones, pero ha asegurado que en la zona más afectada, las Vegas Bajas, hay explotaciones donde el 50 por ciento de la cosecha de algunas variedades se pudrirá en el campo.

Cabe recordar que Extremadura, y principalmente la provincia de Badajoz, es la primera cultivadora de ciruela del país, con alrededor del 80% de la producción nacional.

Huertas ha señalado que la campaña se inició "con normalidad" pero que las temperaturas de este año han provocado un cierto "agolpamiento" de las producciones de las diferentes variedades, que han provocado que las centrales hortofrutícolas hayan reducido el ritmo de compras ante el "estancamiento" del mercado.

Esto se ha producido, según Huertas, porque ante este "estancamiento" del mercado, la industria se ha decantado por la opción más "fácil", ya que en lugar de destinar parte de la producción a zumos o a guardarla en cámaras, directamente ha decidido "dejar sin recoger" parte de la fruta.

Y ello lo hacen porque se "aprovechan" de que los agricultores no pueden exigir que les recojan la fruta. "Las centrales hortofrutícolas continuamente se están saltando la ley y no están haciendo contratos", con lo que los productores "no tienen instrumentos de defensa" ante situaciones como está.

Según Huertas, la industria está exigiendo cupos de entrada o limitan la entrada imponiendo un calibre "muy difícil" de alcanzar para algunas variedades, o en otras les dicen directamente que este año no tiene posibilidades de comercialización y las rechazan directamente.

Esta situación supone "la gota que colma el vaso" del sector tras varios años con "precios ruinosos", que han llevado a los productores a perder sus "reservas", por lo que hay "muchos" productores que ya se plantean "arrancar" sus frutales antes incluso de recoger la cosecha de la campaña.

PIDEN MÁS CONTROLES

Por todo ello, ha vuelto a exigir a la AICA que incremente los controles sobre los contratos, y asimismo ha criticado la opacidad con la que actúa esta agencia, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. "La ley dice que tiene que haber un contrato y esto no se está cumpliendo en este sector", ha recalcado.

"Están actuando con total impunidad", ha exclamado Huertas sobre el proceder de las centrales hortofrutícolas, que están recogiendo la fruta "a resultas", una práctica "prohibida por la ley" por la inexistencia de contrato entre las partes.

Al mismo tiempo, ha criticado que mientras se produce esta situación desde la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex) realicen declaraciones en las que "pintan una situación idílica" en la campaña de la fruta.

"¿Si va todo tan bien, por qué no recogen la fruta a los fruticultores y por qué no se la pagan?", ha preguntado Huertas, quien ha incidido en que la "cuenta de resultados" de este año de los productores de fruta en la región es "catastrófica".

En su opinión, están realizando una gestión "interesada" intentando "desviar la atención" hablando de la falta de mano de obra o del incremento de los costes de producción por la actualización del salario mínimo interprofesional, cuando "el problema es el precio" que perciben los agricultores.

Por todo ello, han solicitado una reunión con la consejera de Agricultura Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, para "contarle la verdad de lo que está pasando en el sector" y que actúe, junto a la AICA, para incrementar los controles sobre las centrales para que cumplan con la ley.

Finalmente, ha advertido de que si no cambia la situación, no se descarta la convocatoria de movilizaciones. "Los agricultores no pueden estar yéndose cada día uno, arruinados, arrancando sus frutales mientras enfrente tienen centrales cada día más ricas" porque el riesgo que tienen es "cero" porque están "saltándose la ley y nadie les obliga a cumplirla".

AYUDAS EN TORNAVACAS

Por otro lado, Huertas ha mostrado su solidaridad con los productores de cereza afectados por el pedrisco, algunos de los cuáles han perdido toda la cosecha de este año y les ha dejado "sin nada". Una situación que se agrava en el caso de los que "desgraciadamente" carecen de seguros agrarios.

Desde UPA-UCE han vuelto a mostrarse a favor de los seguros agrarios, si bien ha resaltado que en este momento hay que centrarse en ayudar a estos agricultores que "lo han perdido todo". Así, ha dicho que no pide que se le paguen estas pérdidas, pero sí ha reclamado que las administraciones públicas pongan en marcha medidas que les ayudes a salir de esta situación.

Medidas como prestamos con intereses bajos, exenciones fiscales, reducciones de las cuotas a la Seguridad Social o en el IBI rústico, todas ellas supeditadas a la declaración de zona catastrófica en las explotaciones afectadas.

Por ello, ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que se hagan las valoraciones de las pérdidas cuanto antes y que se proceda a la declaraciones de zona catastrófica que permita a estas familias "seguir adelante".