24 noviembre 2021
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un decreto por el que se regulan las subvenciones destinadas a impulsar la digitalización de las Pymes mediante la implantación de servicios de comercio electrónico y TIC y se aprueba la primera convocatoria por importe de dos millones de euros correspondientes a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Así pues, serán subvencionables las inversiones y gastos que estén directamente relacionados y sean necesarios para la implantación de los servicios de comercio electrónico siguientes: redacción de proyecto técnico, tienda online, desarrollo de aplicación móvil para comercio online y big data aplicado al comercio online.
También se incluyen los servicios de E-Logística, marketplace, marketing online, gestión de presencia en Internet (community manager), mejora de imagen digital y proveedor de servicios de pago, según informa la Junta en una nota de prensa.
De este modo, la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida tras la reunión semanal del Gobierno regional, ha subrayado el hecho de que el mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia empiece a tomar forma en convocatorias específicas como la que se ha aprobado en esta jornada.
Y es que como novedad, según sus palabras, las actividades subvencionables se elevan de 5 a 11, entre las que se incluyen por ejemplo el desarrollo de aplicación móvil para comercio online, el servicio de big data aplicado al comercio online y la mejora de imagen digital.
Además, el importe de la subvención consistirá en un porcentaje del 80% de la inversión subvencionable, siendo el límite de la cuantía de la ayuda de 12.000 euros por beneficiario, con independencia del número de servicios que se pretenda contratar. Esto supone un incremento de 1.000 euros respecto a la convocatoria anterior, a la que se acogieron un total de 852 empresas.
Tendrán la condición de beneficiarios los trabajadores autónomos o asimilados y las Pymes que en el momento de presentar la solicitud se encuentren constituidas debidamente y empleen a un máximo de 50 trabajadores, detalla el Ejecutivo.
También podrán acceder a la condición de beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica propia, pueda llevar a cabo los proyectos para los que se destinan las ayudas.
