ÚLTIMA HORA
Extremadura
Junta subraya importancia de formar a profesionales de la abogacía...
Así, lo ha subrayado la Secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera,...
05 diciembre 2025 | Publicado : 12:14 (05/12/2025) | Actualizado: 12:16 (05/12/2025)
La banquera peruana y exvicepresidenta de J.P. Morgan para América Latina, Susana de la Puente Wiese, analiza el papel de la fiscalidad verde en un momento en que la agenda climática se ha convertido en una prioridad política y económica. Lo que antes se veía como un complemento a otras políticas públicas, hoy se percibe como un elemento central de la estrategia para avanzar hacia modelos productivos sostenibles. En este contexto, los impuestos dejan de concebirse solo como herramientas para recaudar ingresos y pasan a ocupar una posición clave como instrumentos para dirigir el comportamiento de empresas y ciudadanos.
Según el análisis de Susana de la Puente, España está dando pasos para adaptar su marco tributario a los compromisos del Pacto Verde europeo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero la discusión va más allá de la letra de la normativa: el objetivo es determinar si el sistema fiscal puede funcionar como una palanca efectiva para equilibrar la competitividad económica y la responsabilidad medioambiental, sin generar fracturas sociales ni productivas.
El debate sobre la fiscalidad verde en España y en la Unión Europea se plantea, por tanto, en términos de estrategia económica y social. Lo que está en juego es la posibilidad de liderar la transición ecológica sin sacrificar empleo, innovación ni bienestar. Desde esta perspectiva, el artículo de Susana de la Puente organiza la reflexión en tres grandes áreas: la actitud de la ciudadanía, los retos empresariales y el papel de Europa como motor de la transición.
Para Susana de la Puente, la posición de la ciudadanía en España resulta decisiva. La población ha asumido que el cambio climático no es un problema lejano, sino una realidad que exige decisiones concretas. En este escenario, el sistema fiscal se percibe como un instrumento que puede contribuir de forma directa a modificar conductas y a incentivar prácticas más sostenibles.
Los datos respaldan esta idea: el 74% de los españoles está a favor de un sistema impositivo que premie a las empresas medioambientalmente responsables y penalice a las que dañan el entorno. Esta mayoría pone de manifiesto que existe un soporte social para desplegar la fiscalidad verde, siempre que las medidas se apliquen con claridad y se expliquen de manera transparente.
Las reformas previstas para 2025, como el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y el nuevo gravamen a los residuos urbanos en grandes municipios, buscan precisamente integrar el coste ambiental en las decisiones de producción y consumo. Sin embargo, Susana de la Puente subraya que no basta con colocar la etiqueta de impuesto verde. La efectividad depende de que el diseño sea riguroso, de que se eviten distorsiones innecesarias y de que los resultados se evalúen de forma objetiva.
En este contexto, resulta especialmente significativo el descenso de ocho puntos en la confianza ciudadana en los sellos de sostenibilidad desde 2019. Esta caída refleja que la población ya no se conforma con declaraciones genéricas y exige mayor coherencia entre lo que se promete y lo que se hace. En consecuencia, la legitimidad de la fiscalidad verde estará ligada a la transparencia y a la claridad con la que se expliquen tanto los objetivos como los resultados de estos impuestos.
En el plano empresarial, Susana de la Puente destaca que la implantación de la fiscalidad verde plantea un desafío complejo. Las compañías se enfrentan a la necesidad de adaptarse a nuevas exigencias ambientales, al mismo tiempo que compiten en mercados globales muy exigentes. Las críticas de la CEOE ponen el foco en aspectos muy concretos: exceso de burocracia, lentitud en las devoluciones y rigidez en los mecanismos de desgravación.
La banquera advierte de que, si estos problemas no se corrigen, los tributos diseñados para impulsar la transición ecológica pueden terminar convirtiéndose en un freno a la actividad y a la inversión. Esto se nota especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el núcleo del tejido productivo de España y que cuentan con menos recursos para gestionar la complejidad administrativa.
La carga de trabajo que supone cumplir con múltiples modelos de declaración y requisitos puede resultar desproporcionada para las pymes. En la práctica, quienes más dificultades tienen para adaptarse son quienes soportan más presión, lo que introduce un componente de inequidad. Para Susana de la Puente, esta situación pone en riesgo el consenso social que respalda la fiscalidad verde, ya que puede causar la percepción de que las normas no tienen en cuenta las diferencias de tamaño y capacidad entre empresas.
Por ello, la banquera propone avanzar hacia un modelo de fiscalidad ambiental que priorice el incentivo frente al castigo. Esto implica diseñar impuestos que, más que sancionar, orienten la inversión hacia tecnologías y procesos más limpios, al tiempo que se reducen las cargas administrativas. Entre los elementos clave que señala se encuentran la simplificación de trámites, la creación de mecanismos ágiles de compensación para quienes invierten en innovación verde y la garantía de que la recaudación se reinvierta en proyectos de transición energética, digitalización industrial y formación vinculada a los empleos verdes.
Tal como expone la exvicepresidenta de J.P. Morgan, la consolidación de la fiscalidad verde está estrechamente vinculada al proyecto europeo. El Pacto Verde marca objetivos claros en materia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética. Sin embargo, en la actualidad España recauda por impuestos ambientales aproximadamente un 1,5% de su PIB, frente al 2,4% de la media de la Unión Europea.
Esta diferencia evidencia, según Susana de la Puente, que todavía existe un amplio margen para reforzar el papel de la fiscalidad ambiental como herramienta de política económica. No se trata simplemente de incrementar las cifras de recaudación, sino de asegurar que los recursos obtenidos se orienten a políticas que transformen realmente el modelo productivo: innovación tecnológica, transición energética, educación ambiental y conservación de los ecosistemas.
La experiencia de países del norte de Europa demuestra que la estabilidad normativa y la coordinación entre administraciones son factores determinantes. Allí donde las reglas son claras y se mantienen en el tiempo, las empresas pueden planificar mejor sus inversiones y el coste de cumplimiento es más predecible. En cambio, España y otros Estados del sur siguen mostrando cierta dispersión normativa y falta de coherencia entre los distintos niveles de gobierno, lo que encarece la aplicación de la fiscalidad verde y genera incertidumbre.
Para Susana de la Puente, avanzar hacia un marco común, que reduzca la fragmentación y mejore la coordinación, puede contribuir a disminuir los costes administrativos, reforzar la seguridad jurídica y facilitar las decisiones de inversión tanto de las empresas como de los hogares.
En su reflexión final, Susana de la Puente resume el objetivo en una idea: avanzar hacia una “fiscalidad verdeinteligente”. Esto implica construir un sistema tributario capaz de promover la innovación, reducir desigualdades territoriales y fortalecer la competitividad de Europa en el contexto global. Desde su perspectiva, la fiscalidad verde no debe verse como una carga adicional, sino como una inversión colectiva en la que la sociedad de España ya ha dado el primer paso: aceptar que el cambio es necesario. A partir de ahora, corresponde a las instituciones y al tejido empresarial convertir esa aceptación en políticas eficaces, coherentes y duraderas, que hagan compatible la protección del clima con el progreso económico y social.
