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28 julio 2025
América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo. Su proceso de urbanización ha derivado en un crecimiento desordenado, desigualdad social y presión sobre las infraestructuras y servicios básicos. Leopoldo Arnaiz Eguren, presidente de la firma Arnaiz, especializada en urbanismo, desarrollo urbanístico, proyectos urbanísticos y proyectos urbanos, expone cómo estas ciudades pueden evolucionar hacia modelos sostenibles y habitables.
Las ciudades de la región deben controlar una urbanización acelerada, en muchos casos sin planificación, que compromete el desarrollo urbano y la calidad de vida.
En las últimas décadas, las urbes han crecido con rapidez. La migración de sectores pobres hacia áreas con más recursos ha intensificado los contrastes: barrios que funcionan como el primer mundo junto a otros que presentan condiciones del segundo, tercero o cuarto mundo. Esto provoca deficiencias en servicios básicos, infraestructuras insuficientes, inseguridad y problemas ambientales. Además, el transporte público suele ser limitado y de bajacalidad.
Arnaiz destaca que la planificación urbana no debe limitarse a un enfoque técnico. Es también un asunto político. Los gobiernos tienen que simplificar trámites, actualizar normativas e incluir la protección del medio ambiente como eje central en cada desarrollo urbanístico.
La firma Arnaiz considera que la base está en una planificación coherente que frene los efectos de una urbanización desordenada. Es vital crear conexionesentre barrios, ofrecer espacios públicos de calidad, garantizar infraestructuras y promover cohesión social.
El modelo de construcción fragmentada —proyectos urbanísticosy proyectos urbanos aislados, sin integración— debe superarse. Este esquema genera ciudades inconexas y poco eficientes. Arnaiz subraya que armonizar los desarrollos mediante estándares comunes asegura coherencia en el crecimiento urbano.
En 15 años, la firma Arnaiz ha trabajado en numerosos planes para barrios residenciales, aunque muchos no llegaron a ejecutarse debido a barreras legales, económicas y administrativas. Ha desarrollado proyectos urbanísticos en México (especialmente en Acapulco), Guatemala, República Dominicana, Brasil, Colombia y Paraguay, ofreciendo soluciones adaptadas a distintos perfiles de vivienda y priorizando opciones asequibles en entornos bien planificados.
La experiencia ha permitido a la firma Arnaiz conocer a fondo las legislaciones locales y los obstáculos que dificultan la ejecución de estos planes. En múltiples casos, la falta de respaldo político y municipal ha sido el motivo principal del fracasode diversas iniciativas urbanísticas.
La participación ciudadana en los proyectos urbanísticossigue siendo limitada. Falta cultura urbanística en promotores y autoridades políticas, lo que favorece que prevalezcan intereses particulares sobre los colectivos. Además, la coordinación de factores sociales, técnicos, económicos y ambientales reduce la capacidad de estas plataformas para influir en las decisiones finales.
Conocer el estado de las ciudades y su nivel de urbanizaciónes esencial para su desarrollo urbanístico. Hoy, gracias a la tecnología y a herramientas gratuitas, los ciudadanos —en especial los jóvenes— pueden analizar sus comunidades y proponer acciones concretas que mejoren la calidad de vida en sus municipios.
El Programa ODS Municipal facilita que los jóvenes accedan a información real sobre sus localidades. Con esos datos, identifican áreas de pobreza y zonas con carencias graves que afectan la convivencia y la calidad de vida, generando planes de acción eficaces.
Es crucial mantener equipos municipales estables. Si cada cuatro años se reemplaza a todo el personal, se pierden continuidad y control del desarrollo urbano. Es fundamental invertir en la formación de los trabajadores y fortalecer la gobernanza local para dar solidez a las políticas urbanísticas.
Además, es necesario promover una gestión más eficiente y fomentar un cambio cultural en la ciudadanía. Los habitantes deben comprender que los servicios públicos dependen de presupuestos planificados, del pago de impuestos y de un sistema transparente. Con estas bases, se podrán cubrir prioridades, reducir la corrupción y avanzar hacia una justicia social real.
