27 septiembre 2021
A través de un acuerdo entre el Gobierno y diferentes agentes sociales, se han llevado a cabo una serie de reformas que empezarán a aplicarse durante este año, aunque otros tendrán que esperar a 2022. Desde los incentivos al retraso de la jubilación a la revalorización de las pensiones según el IPC, ya hay varias cosas firmadas y otras tantas sobre la mesa que seguirán negociándose.
Con este nuevo pacto, se deroga casi la totalidad del sistema público de jubilación que implantó unilateralmente el gobierno de Mariano Rajoy. Así, las pensiones de este año ya empezarán a notar los primeros cambios y otros tantos consensos llegarán en los próximos meses.
Por ejemplo, se elimina el índice de revalorización de las pensiones fijado en un 0’25% anual y se vincula directamente a la inflación. También vemos que desaparece el llamado “factor de sostenibilidad”, que permitía recortar las prestaciones en función de la esperanza de vida del tomador.
Esta primera parte de la reforma, que se activará antes de final de año, servirá para cumplir con los objetivos establecidos por la Unión Europea, algo necesario para poder invertir los fondos de recuperación tras la pandemia.
Como decimos, aún quedan pasos por dar, y los primeros llegarán en este otoño cuando vuelvan a sentarse el ejecutivo, la patronal y los sindicatos. Hace casi un año se presentó el Pacto de Toledo, que seguirá siendo el documento que guíe las próximas negociaciones.
LOS CAMBIOS QUE YA PODRÁS OBSERVAR Y CÓMO TE AFECTAN
Con el principio de acuerdo que se ratificará una vez esté firmado por todos los órganos pertinentes, entrarán en vigor diferentes puntos que tendrán un impacto directo sobre la cuantía de las pensiones, la manera de financiar el sistema o las condiciones de jubilaciones anticipadas o demoradas.
Como ya adelantábamos, se elimina el índice de revalorización que se aprobó sin el apoyo de ningún estamento durante 2013, que fijaba en un 0’25% la subida anual sin pensar en los movimientos del IPC. A partir de ahora, con vistas a mejorar las condiciones de vida y el poder adquisitivo de las personas jubiladas, se calcularán el 1 de enero según la evolución de los precios en los 12 meses anteriores. Eso sí, si la inflación resulta negativa, no se reducirá la cuantía de las pensiones.
Otro de los aspectos que se ha firmado busca desincentivar las jubilaciones anticipadas y fomentar un aumento en la vida laboral de las personas, con idea de adaptarse a las nuevas condiciones y esperanza de vida. También se trata de compaginar la pensión reducida con los trabajadores que sigan parcialmente activos tras la edad legal de jubilación.
Se conseguirá a través del aumento anual de la pensión de un trabajador que haya retrasado su jubilación, duplicando la cifra del 2% al 4%. Además, podrá elegir entre cobrar este incentivo de manera fraccionada o en un único pago que alcance hasta los 12.000 euros, incluso combinar ambas modalidades.
Por el lado contrario, las jubilaciones anticipadas se reducirán algo más. Las voluntarias dejarán de calcularse trimestralmente y se hará a través de penalizaciones mensuales, oscilando entre un 2’8% y un 21% dependiendo de la edad del trabajador (máximo 2 años antes de la edad de jubilación) y el tiempo cotizado en su vida laboral.
Algo parecido ocurrirá con las jubilaciones anticipadas involuntarias, aunque aquí la horquilla variará entre el 0’5% y el 30%, y el máximo de tiempo para jubilarnos antes de tiempo será hasta 4 años de diferencia frente a la edad legal. Además, se establecen 38 años y medio cotizados como mínimo para ir sumando bonificaciones.
En el caso de las jubilaciones forzosas, se harán todos los trámites necesarios para incluir a los pensionistas en los convenios y colectivos pertinentes, restringiéndolo a mayores de 68 años. Además, se exigirá que haya un sustituto con contrato indefinido y a tiempo completo para obrar esta jubilación.
Otro de los cambios importantes que hemos conocido es cómo se va a reflotar el sistema público de pensiones, actualmente con un gran problema de liquidez. El déficit de la Seguridad Social no implicará una mayor cotización de trabajadores y empresas, sino que se utilizarán las arcas de Hacienda para mantenerlo. Cada año, se transferirán 22.567 millones de euros de impuestos al fondo de pensiones.
QUÉ CAMBIARÁ CON LOS PRÓXIMOS ACUERDOS
Ya se hagan realidad este mismo octubre o haya que esperar a 2022, el resto de propuestas ya está sobre la mesa y se debate sobre ellas. Por ejemplo, se eliminará el factor de sostenibilidad que se incluyó en 2011 para pasar a un mecanismo que el Gobierno ha llamado “de solidaridad intergeneracional”. A través de este sistema, ahora se podrá distribuir el coste de las pensiones para que los más jóvenes (con falta de empleo o trabajos precarios) no tengan que asumir de golpe la jubilación de la generación del baby boom (nacidos entre el 1946 y el 1964).
Diferentes medidas, algunas más polémicas que otras, han generado más debate del esperado y se seguirán trabajando. El plazo de cómputo de las pensiones, los elementos correctores para el cálculo según la edad de jubilación o la vinculación de la cotización de los autónomos a su facturación real son solo algunas de ellas.
Habrás comprobado que se están dando algunos pasos importantes en esta materia, pero que poco a poco podrán llegar nuevos acuerdos en cuestión de jubilación y pensiones. Estaremos atentos para ofrecerte la información más rigurosa en el momento que lo conozcamos.
