18 junio 2019
Uno de los mayores miedos de una persona propietaria es que, por desagradables circunstancias, vea como su inmueble ha sido ocupado. A la sensación de impotencia se une la desesperación de no saber cómo recuperar la casa, de tener que hacer frente a un imprevisto difícil de asimilar, y de perder tiempo y dinero para volver a conseguir lo que ya es tuyo.
No todos los desahucios son iguales. Y por tanto las actuaciones a llevar a cabo, así como el precio de las mismas, varían.
Se pueden distinguir dos grandes tipos: por impago de alquiler o por precario. El primer caso entra dentro del denominado ‘desahucio express’ y, a priori, va a tener un desenlace más rápido y económico. En el segundo se incluyen principalmente a los ‘okupas’ pero también otras circunstancias menos conocidas pero más complicadas (aún) relacionadas con herencias o divorcios.
Si se trata del impago del alquiler, el propietario podrá iniciar los trámites del desahucio a partir del primer mes sin recibir el importe acordado por contrato, mediante una demanda para tal efecto. El inquilino dispondrá de diez días para hacer los pagos pendientes o presentar alegaciones, tras lo cual se convocará un juicio en el que dictar sentencia.
La plataforma Easyoffer ha realizado un estudio sobre el coste de un abogado en un desahucio y, en el caso de ser por impago de alquiler, el precio medio se sitúa en los 700 euros. La horquilla aproximada va entre los 500 y los 1.200 euros, y los plazos de tiempo estimados para que se lleve a cabo el desahucio (algo que depende de la carga de trabajo del juzgado donde se presente la demanda) oscilan entre los tres y cuatro meses a partir de obtener sentencia favorable.
Por precario, un procedimiento complejo
En el segundo de los casos posibles el procedimiento es más complejo, costoso y duradero en el tiempo.
Se trata de aquellos casos en los cuales no existe una relación contractual, ni tampoco un pago de rentas o compensación al propietario. Efectivamente, son los ‘okupas’ los que encajan en este grupo.
Si el propietario se ve envuelto en esta situación el primer paso recomendado es, con un mes de antelación a presentar una demanda -ante el Juzgado de Primera Instancia de la localidad donde se ubique la propiedad-, requerir a quienes habiten el inmueble que se marchen.
Para poner en marcha la maquinaria judicial es necesario contar en este caso con un abogado (cuyo precio medio estimado está entre los 600 y los 1.500 euros) y un procurador. Con la reforma de Ley de 2018, una vez conseguida sentencia, si no se produce la marcha del inquilino, se llevará a cabo el desalojo en un plazo aproximado de entre tres y cinco meses.
No obstante, en este epígrafe de desahucio por precario también se incluyen aquellas situaciones derivadas de una herencia mal resuelta, o una ruptura matrimonial, ya que es necesario recordar que este tipo de ocupación puede ser tanto sin consentimiento como con consentimiento inicial del propietario.
