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PP y Vox rechazan la propuesta socialista de impulsar un Pacto de Región por la Vivienda

PSOE acusa a la Junta de convertir la vivienda en una prioridad únicamente en sus discursos pues, sus políticas y sus presupuestos siguen sin dar respuesta

22 octubre 2026

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Martín, durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, ha defendido la propuesta socialista para impulsar un Pacto de Región por la Vivienda que trascienda las legislaturas y reúna a todas las fuerzas políticas, ayuntamientos, diputaciones, agentes sociales y económicos, organizaciones juveniles y entidades vinculadas al sector, una propuesta que ha sido rechazada con los votos en contra del PP y Vox

Además, Martín ha reivindicado que el acceso a una vivienda digna exige altura de miras, diálogo y acuerdos que sitúen el interés general por encima de la confrontación política, poniendo como ejemplo la estrategia de las instituciones europeas para alcanzar un pacto sobre vivienda asequible, del que se deriven planes y medidas legislativas concretas.

Para la diputada del PSOE, "este es el mejor ejemplo de institucionalidad para buscar soluciones desde la política ante un gravísimo problema que atañe a una gran parte de la ciudadanía", reprochando al Ejecutivo regional que haya presentado su plan de vivienda sin contar con las voces de los representantes legítimos de los extremeños y ha recordado que el Gobierno de Guardiola gobierna para el conjunto de la población, no solamente para quienes votan al Partido Popular y a Vox.

En este contexto, ha apelado a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios para recuperar una cultura política basada en el acuerdo, afirmando que "frente al ruido, la confrontación y la descalificación, Extremadura tiene que volver a ser el ejemplo de paz social y política que hemos sido durante 40 años de autonomía, donde lo importante era pactar".

Junto con ello, Martín ha recordado que la región fue pionera en España con iniciativas como el programa de vivienda de 60.000 euros y el impulso de distintas modalidades de vivienda protegida, tanto en compra como en alquiler social.

Además, ha señalado que el propio borrador del plan de vivienda del actual Ejecutivo reconoce como compartidos los retos y objetivos del Plan de Vivienda de Extremadura 2022-2027, impulsado por el anterior Gobierno socialista.

"Si ustedes mismos reconocen que los objetivos del plan socialista son los suyos, deberían entender que la responsabilidad es compartida y que el acceso a la vivienda no nace en una sola legislatura ni puede atribuirse exclusivamente a un Gobierno", ha afirmado.

La portavoz adjunta ha recordado también que el Grupo Socialista registró en marzo de 2025 una proposición de ley para garantizar la protección permanente de la vivienda pública accesible en Extremadura, cuya tramitación fue vetada por el Consejo de Gobierno.

También, ha criticado esta decisión y ha defendido que el debate sobre las iniciativas legislativas corresponde a los representantes de la soberanía popular en sede parlamentaria, advirtiendo de que "éso marca la diferencia entre el absolutismo ejecutivo y la democratización legislativa".

Martín ha asegurado que cuentas de la Junta para 2027 que, evidencian que la vivienda no constituye una prioridad real para el Gobierno regional, denunciando que "los presupuestos no resuelven ni un ápice el problema. Congelan las inversiones en vivienda, con una pírrica subida del 0,8 % respecto al presupuesto que aprobamos hace pocos meses".

Ha recalcado que, "dentro del mayor presupuesto de la historia de Extremadura, la vivienda solo sube un 0,8 %. La vivienda no está en el espíritu legislativo de su acción de Gobierno", considerando que las cuentas públicas son la expresión más clara de las prioridades políticas de cualquier Ejecutivo.

La diputada socialista también ha cuestionado la falta de concreción sobre las 618 viviendas anunciadas por el consejero y ha defendido la necesidad de elaborar un mapa regional de necesidades que permita identificar dónde hacen falta viviendas, qué colectivos necesitan soluciones habitacionales y qué actuaciones deben priorizarse.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la programación presupuestaria prevista para Cáceres capital, donde, según ha señalado, únicamente figuran 90 viviendas programadas.

MEDIDAS URGENTES Y RECURSOS SIN MOVILIZAR

La propuesta socialista planteaba que la Junta elabore un mapa regional de necesidades, presente antes de finalizar el año un decreto ley de medidas urgentes y movilice suelo público para construir vivienda asequible.

También reclama medidas para regular el mercado residencial tensionado, ordenar las viviendas de uso turístico y los alquileres de temporada y por habitaciones, proteger permanentemente el parque público, movilizar viviendas vacías y establecer una fiscalidad justa que proteja al pequeño propietario frente a los intereses especulativos.

A estas iniciativas se suman el impulso de planes de vivienda pública para jóvenes, el alojamiento para estudiantes, la rehabilitación de inmuebles, las alternativas habitacionales para situaciones de emergencia residencial y el refuerzo de los presupuestos destinados a vivienda, con mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Asimismo, Martín ha reprochado que el Gobierno regional tenga disponibles 24 millones de euros procedentes del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 sin que se conozcan las convocatorias correspondientes; a esta cantidad, ha sumado los 150 millones de euros vinculados a la propuesta de la Cotasa, que podrían destinarse a reforzar las políticas públicas de vivienda.

La diputada ha reclamado que Extremadura aproveche los recursos disponibles y aplique medidas eficaces para ampliar la oferta de vivienda asequible, en lugar de renunciar a instrumentos que pueden contribuir a aliviar la presión del mercado residencial.

Martín ha advertido de que la falta de mano de obra constituye uno de los problemas del sector de la construcción, que necesita incorporar 14.000 trabajadores más en Extremadura, según los datos que ha citado de las demandas planteadas por el sector en FICON, cuestionando los acuerdos políticos con quienes promueven la expulsión de personas migrantes que vienen a trabajar.

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