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17 junio 2025 | Publicado : 10:06 (17/06/2025) | Actualizado: 10:54 (17/06/2025)
El Diario Oficial de la comunidad (DOE) publica este martes el convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura y los colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz para orientación y asistencia profesional a particulares afectados por la ocupación ilegal de inmuebles destinados a vivienda.
Para ello, hay un turno especializado de abogados en ejercicio por parte de los Colegios de Cáceres y Badajoz, que presta asistencia urgente o de primera necesidad a las personas afectadas, de modo que puedan emitir criterios de respuesta eficaz e inmediata a quienes soliciten la prestación del servicio, encaminándolos "adecuadamente" a la "solución efectiva" del "conflicto".
La atención se realiza presencialmente o a través de un teléfono que presta servicio en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes. Las consultas telefónicas serán atendidas directamente por el letrado designado para cada día, en horario de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas.
El Colegio de Abogados de Badajoz ha habilitado tres teléfonos: 924590705, 924590706 y 924590707. Las personas interesadas en contactar con el Colegio de Abogacía de Cáceres deben llamar al 672159026, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.
Además, se ha dispuesto una dirección específica de correo electrónico en cada Colegio para consultas en línea disponible las 24 horas del día. En el caso del Colegio de Cáceres esa dirección de correo electrónico es serviciosocupacion@icac.es; y en el caso del de Badajoz: serviciosocupacion@icab.es.
Para el supuesto en que las circunstancias lo aconsejen, el convenio también contempla que podrá concertarse, tras la correspondiente consulta en línea o telefónica, una atención presencial que será convenientemente informada al Letrado Coordinador que se designe.
Para la puesta en marcha de esta medida, el Gobierno extremeño aporta 50.000 euros este año, 25.000 euros destinado a cada Colegio de Abogados.
El convenio tiene una duración de un año y podrá prorrogarse anualmente, hasta un máximo de dos años.
