La Junta interpone el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

10 septiembre 2024 | Publicado : 13:09 (10/09/2024) | Actualizado: 16:16 (10/09/2024)

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha dado cuenta este martes al Consejo de Gobierno de su autorización para la interposición del recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica 1/2024 de 10 de junio, de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (conocida como "Ley de Amnistía"), que ya había sido aprobada previamente en Consejo de Gobierno el pasado 30 de junio.

Al término de la reunión semanal del Ejecutivo extremeño, la portavoz del mismo, Victoria Bazaga Gazapo, ha detallado durante una rueda de prensa en Mérida los motivos principales para la impugnación de la Ley de Amnistía, porque "vulnera el principio de separación de poderes, auténtico pilar de nuestro Estado de Derecho, y atenta contra el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley", lo cual infringe el artículo 14 de la Constitución Española y el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Igualmente, la también titular extremeña de Cultura ha manifestado que "la Ley de Amnistía está confiriendo un beneficio y la eliminación de sus responsabilidades penales, contables y civiles, a unos ciudadanos por el mero hecho de haber realizado las conductas delictivas en una determinada comunidad autónoma".

Por tanto, con la presentación de este recurso de inconstitucionalidad, la Junta de Extremadura se manifiesta de forma inequívoca en defensa de la igualdad de trato a los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan, tal y como subraya en una nota de prensa.

"El Gobierno de María Guardiola no va a permitir que se establezcan diferencias que socaven la cohesión social y territorial y la unidad de nuestro país", ha manifestado Bazaga.

Finalmente, la Junta de Extremadura también ha presentado ante el Tribunal Constitucional recusación frente al presidente Cándido Conde-Pumpido Tourón y los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso, instando se acuerde su definitivo apartamiento de este proceso constitucional, porque "consideramos que los tres están inhabilitados para debatir sobre el encaje de ley en la Constitución, por su falta de imparcialidad debido a su actividad política", ha sentenciado la portavoz.