Guardiola solicita la celebración urgente de una Conferencia de Presidentes

Ep./Rd.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha solicitado la celebración urgente de una Conferencia de Presidentes para "hacer valer" la solidaridad interregional ante el socialista Pedro Sánchez y sus acuerdos con independentistas para acceder al Ejecutivo nacional.

La solicitud ha sido planteada por Guardiola mediante una moción presentada --fuera del orden del día-- este martes ante el Consejo de Gobierno de la Junta, al considerar que los acuerdos alcanzados por el jefe del Ejecutivo nacional en funciones, Pedro Sánchez, con independentistas "afectan a principios básicos que sostienen el Estado de Derecho y a la convivencia entre todos los españoles".

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, con el argumento de que "los privilegios concedidos a independentistas tienen consecuencias directas en el resto de las comunidades autónomas", en tanto que afectan a asuntos como "el principio de la igualdad, la deuda pública, la financiación autonómica o las inversiones en infraestructuras".

Así, solicita una Conferencia de Presidentes "para hacer valer los derechos de todos los españoles y recordarle al presidente que la solidaridad interregional es una de las bases de convivencia y del bienestar de los españoles, no sólo de una parte".

CONFERENCIA ANTES DE LA INVESTIDURA

En concreto, en su solicitud de que se convoque una Conferencia de Presidentes, el Ejecutivo regional defiende que los principios de igualdad y solidaridad interterritorial recogidos en la Constitución de 1978, y refrendados por los gobiernos de las Comunidades Autónomas, "son la garantía de que todos los territorios que integran el Reino de España ostentan los mismos derechos y tienen acceso a las mismas oportunidades para su desarrollo social y económico".

Además, defiende que dicha Conferencia de Presidentes debe reunirse previamente a la celebración del próximo debate de investidura del presidente del Gobierno de España para abordar, "en tiempo y forma", las "consecuencias" de los acuerdos alcanzados entre Pedro Sánchez y los independentistas.

Entiende igualmente la Junta que "es un hecho que las condiciones del acuerdo que han trascendido para el apoyo en un próximo debate de investidura son incompatibles con el ordenamiento jurídico y las bases más elementales que sostienen el Estado de derecho".

Este punto, según recuerda la Administración autonómica, ha sido incluso "advertido" por escrito y trasladado a la opinión pública por parte del Poder Judicial. Al mismo tiempo, advierte de que en el acuerdo entre Pedro Sánchez y los independentistas hay "decisiones que, de adoptarse, tendrán consecuencias en todas las autonomías y afectarán a la convivencia entre españoles".

En este sentido, apunta la Junta que "circunstancias ya expresadas, como la aprobación de una ley de amnistía, la condonación de la deuda sin que haya mediado la negociación preceptiva en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera o el traspaso de competencias a determinadas regiones, confieren privilegios a una parte de España que chocan con la protección constitucional y que ampara al conjunto de los extremeños y españoles".

Ante ello, el gobierno de la Junta de Extremadura "no es ajeno a la preocupación social manifestada públicamente y de forma masiva por los ciudadanos extremeños en las calles, ante el alcance de los acuerdos ratificados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y las fuerzas políticas independentistas para la conformación de un nuevo Gobierno de la nación".

De esta manera, el Ejecutivo extremeño quiere "hacer valer la igualdad entre todos los españoles, el principio de legalidad, la separación de poderes y la seguridad jurídica, consagrados por la propia Constitución española como pilares de la convivencia que pueden verse seriamente comprometidos en el actual contexto político".

Así, y ante la "potencial alteración de las normas básicas de convivencia", la presidenta de Extremadura ha solicitado al presidente del Gobierno de España en funciones la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para que se traslade al conjunto de presidentes autonómicos los "efectos" que tendrán los requisitos asumidos para alcanzar la próxima investidura.

Ello debido a que, incide la Junta, la Conferencia de Presidentes es el órgano de "máximo nivel político de cooperación" entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y es "un instrumento fundamental de negociación multilateral".

Constituida por el presidente del Gobierno y por los presidentes de las 17 Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, "sus miembros deben actuar según el principio de lealtad institucional", añade el Ejecutivo extremeño.

También subraya que el Reglamento de esta Conferencia de Presidentes recoge en su artículo 2.1, entre sus funciones, la de "debatir sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales de ámbito estatal o que afecten a los intereses o al ámbito competencial de diversas comunidades autónomas, sobre las actuaciones conjuntas de carácter estratégico, y sobre los asuntos de importancia relevante para el Estado de las Autonomías, que afecten a los ámbitos competenciales estatal y autonómico".

Finalmente, la Junta de Extremadura se manifiesta, en este sentido, de forma "inequívoca en defensa de la igualdad", y entiende que, ante la "preocupación e inquietud" de la sociedad española y extremeña a la vista de los acuerdos conducentes para la investidura, resulta "imprescindible" la convocatoria de dicha Conferencia.

Urge, por tanto, "clarificar las consecuencias de tales compromisos políticos dado que suponen, ya a priori, un menoscabo evidente a los principios básicos que configuran el Estado de derecho. "La sociedad extremeña requiere de actuaciones que aseguren la defensa de sus derechos y legítimas aspiraciones. El justo trato que reivindica el gobierno de la Junta de Extremadura no puede comprometerse por compromisos incompatibles con el interés general de España, y en particular de los ciudadanos extremeños", sentencia la Administración regional.