Junta: La nueva ley de vivienda de Extremadura servirá para "proteger su función social"

Rd./Ep.

La Asamblea de Extremadura proseguirá la tramitación, por la vía de urgencia con el objetivo de que pueda aprobarse antes de que concluya la legislatura, el proyecto de ley que modifica la ley de vivienda de Extremadura de 2019, que entre sus novedades introduce un impuesto a los grandes tenedores de viviendas vacías.

En concreto, la nueva norma ha pasado su primer trámite parlamentario al no recibir ninguna enmienda a la totalidad en el debate celebrado ante el Pleno de este jueves, 23 de febrero, cuestión que ha sido agradecida por la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, a fin de permitir que la norma pueda ser aprobada antes de la disolución del Parlamento regional.

De hecho, modifica la Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura, creando el impuesto sobre las viviendas vacías a los grandes tenedores, el fondo de garantía de adquisición de vivienda de Extremadura y el mecanismo de garantía de alojamiento y realojamiento del menor.

Pese a no contar con enmiendas a la totalidad, los grupos parlamentarios han expuesto su rechazo principalmente a la cuestión sobre el citado impuesto, en el caso de PP y Ciudadanos por considerar que tiene un afán recaudatorio, y en el de Unidas por Extremadura por limitarse a personas jurídicas y por no poner estos inmuebles vacíos a disposición de las familias que lo necesiten.

Además, la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda ha destacado que este proyecto de ley "servirá para mejorar los derechos de la mayoría, proteger a las familias, facilitar el acceso, consolidar el derecho a la vivienda como un pilar fundamental del estado de bienestar".

En este sentido, Iglesias ha agregado que "tiene una clara vocación política, de transformación y de impacto en la vida de la ciudadanía, con un fin fundamental: el de proteger la función social de la vivienda en condiciones dignas y asequibles".

Asimismo, la titular extremeña de Vivienda ha señalado que esta ley regulará cuatro aspectos fundamentales: "Para establecer garantías jurídicas para el uso habitacional adecuado de la vivienda se desarrolla el impuesto sobre las viviendas vacías a los grandes tenedores, se crea un fondo de garantía de adquisición de vivienda y se establecen medidas dirigidas a proteger el interés superior del menor en riesgo de exclusión residencial por desalojo, lo que vendrá a completar a lo ya establecido en la norma de 2019".

HACINAMIENTO

Del mismo modo, la consejera se ha referido al hacinamiento asegurando que, si bien no existe un problema generalizado relacionado en esta materia, "puntualmente se producen algunos casos como los relacionados con el alojamiento de trabajadores en períodos de campañas temporales, en las que se vienen reproduciendo situaciones de sobreocupación y uso inadecuado de las viviendas".

Iglesias también ha añadido que este proyecto de ley especifica cuáles son las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene, dimensión y superficie que permitan la instrucción de los expedientes y, en su caso, las responsabilidades derivadas de este abuso, según informa la Junta en una nota de prensa.

VIVIENDAS VACÍAS

En cuanto a la creación del impuesto sobre las viviendas vacías a los grandes tenedores, ha detallado que esta ley posibilitará la aplicación de este tributo a los grandes tenedores de vivienda, entendiendo por tales a las personas jurídicas y también a las sociedades, fondos o grupos fiscales que acumulen más de cinco viviendas desocupadas ininterrumpidamente durante más de un año sin causa justificada.

Asimismo, Iglesias ha asegurado que "la regulación de este impuesto no tiene una pretensión recaudadora, lo que persigue es dinamizar un parque edificado que no cumple ninguna función, no es necesariamente especulativo, pero tampoco se adecúa a su uso, manteniendo ocupado el espacio urbano de los cascos de nuestros municipios mientras que estos demandan nuevas edificaciones para dar respuesta a necesidades de la ciudadanía, es decir, garantizar y cumplir con la razón de ser de la vivienda que, lógicamente, no es ocupar un espacio".

La consejera también ha apostillado que "este impuesto, graduado en función de los metros cuadrados de viviendas vacías, está dirigido a esa parte de propietarios con capacidad para tensionar el mercado residencial, pero la definición de vivienda desocupada permitirá y será compatible con la aplicación del recargo a los inmuebles de uso residencial con carácter permanente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 2004 y que el Anteproyecto de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda extiende del 50% al 150%".

FONDO DE GARANTÍA DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA

Por otro lado, se ha referido a la creación de un fondo de garantía de adquisición de vivienda de Extremadura, ya que "la reforma de las leyes hipotecarias que durante años facilitaron un acceso fácil al total del crédito necesario para la adquisición de una vivienda, en este momento conceden con carácter general un 80% de la financiación, lo que hace que se dependa o de capacidad de ahorro suficiente, o de patrimonio, o de algún aval personal para poder constituir un préstamo de compra de vivienda, incluso cuando las condiciones laborales y los salarios en nuestra región han mejorado con el incremento de los contratos indefinidos, lo que rebaja el riesgo de morosidad e incrementa la solvencia entre otros, por ejemplo, de los y las jóvenes extremeños".

Esa es la razón, según ha dicho, de crear este mecanismo para solventar esas barreras para la financiación mediante el aval de la parte no financiada del préstamo y para el que se buscará la colaboración de las entidades financieras.

MECANISMO DE PROTECCIÓN DE DESAHUCIOS

Al mismo tiempo, Iglesias ha destacado la importancia de "consolidar legalmente lo que, mediante la puesta en marcha de nuevos programas ya está incorporado al plan regional de vivienda, gracias también a la aportación de las entidades del Tercer Sector, además del dotarle del rango normativo adecuado para garantizar su efectividad, en coherencia también con lo que se establece en la disposición adicional quinta del Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, que avanza en la notificación a las Administraciones públicas competentes de las situaciones de lanzamiento de vivienda, por lo que se hace imprescindible contar con los recursos que puedan darle respuesta".

Así, la consejera ha puesto de manifiesto "la obligación de arbitrar todos los medios posibles para evitar mediante la fuerza institucional la pérdida de la vivienda sin ningún tipo de alternativa, especialmente cuando se trata de proteger a la infancia mediante un mecanismo por el que, una vez tenido conocimiento de estas situaciones se movilicen todos los recursos al alcance de la Junta de Extremadura, incluidos la concesión directa de ayudas, la intermediación, la adquisición de inmuebles o la búsqueda de soluciones habitacionales temporales e inmediatas", ha sentenciado.

APORTACIÓN DE LOS GRUPOS

El diputado del Grupo Popular Saturnino López Marroyo ha señalado que comparte con el gobierno extremeño algunos de los objetivos de este proyecto de ley, como el "adecuado" mecanismo de garantía de alojamiento y realojamiento del menor o el fondo de garantía que permitirá avalar a los jóvenes extremeños que quieran comprar una vivienda.

Sin embargo, los 'populares' están menos de acuerdo con el impuesto a los grandes tenedores, porque tienen "más dudas que certezas" acerca de su "impacto" en el mercado inmobiliario, y porque lo consideran "desproporcionado".

De hecho, ha defendido otro camino para alcanzar su objetivo, como es el de "priorizar incentivos fiscales frente a las penalizaciones" para facilitar el acceso a la vivienda en una comunidad que, ha señalado, tiene el precio del alquiler más barato del país.

En este punto, ha puntualizado que en esta cuestión el gobierno socialista extremeño está asimilando las "posturas más radicales" de Unidas Podemos, algunas de las cuáles no han sido aceptadas a nivel nacional, donde se mantiene el número de viviendas a partir del cual se considera a los grandes tenedores en diez, y no en cinco como en Extremadura.

En cualquier caso, ha avanzado que el PP va a "arrimar el hombro" en lo que queda de legislatura para poder mejorar esta ley, y ha mostrado toda su predisposición para alcanzar el mayor consenso posible.

A su vez, el diputado de Ciudadanos Joaquín Prieto, ha definido esta norma como "eminentemente recaudatoria" a pesar de presentarse "disfrazada de objetivos sociales". En todo caso, ha mostrado su apoyo a buena parte de la misma, si bien ha llegado a plantear a la consejera que suprima el capítulo destinado al citado impuesto para plantear una nueva propuesta consensuada --petición que ha sido rechazada por el gobierno regional--.

Para Prieto, quien ha dicho que en Extremadura no hay "un problema de vivienda, sino de sueldos y de falta de oportunidades", ha señalado que los socialistas "destrozan la ley con este fin recaudatorio", estimando en 4 millones los ingresos que pretende alcanzar la Junta con la aplicación de este nuevo impuesto en una región donde se estima que hay 4.000 viviendas en manos de personas jurídicas.

Asimismo, considera que tampoco cumple con el objetivo de luchar contra la despoblación, ya que en el medio rural no hay falta de viviendas, sino de "empleo y oportunidades", por lo que cree que "obligar a poner a la venta viviendas vacías" no va a evitar que los jóvenes se marchen.

LLEGA "TARDE" Y "A MEDIAS"

A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que el gobierno socialista haya dejado para "el tiempo de descuento" de la legislatura una cuestión que considera que era "prioritaria" todo este tiempo.

Además, ha señalado que los socialistas van "tarde" con esta medida y se quedan "a medias", al no introducir en el texto que se obligue a los grandes tenedores a ceder las viviendas vacías a la consejería para ponerlas a disposición de las familias que las necesitan.

De Miguel ha expresado las "serias dudas" que le genera el fondo de garantías, al tiempo que ha apostado nuevamente por una banca pública que "garantice el acceso al crédito y el derecho a una vivienda".

Finalmente, la diputada socialista Teresa Nuria García Ramos ha recordado, ante las críticas de la oposición sobre el momento en el que llega la norma al parlamento, que el presidente extremeño tenía entre sus compromisos que la vivienda fuera "el quinto pilar del estado del bienestar", al tiempo que ha defendido que esta ley viene a garantizar su función social y el derecho al acceso a una vivienda digna.

Con respecto al impuesto, ha defendido que tiene como objetivo que haya viviendas en oferta, a la vez que ha replicado a quienes cuestionan un planteamiento recaudatorio, que los fondos obtenidos tienen un carácter finalistas, de tal forma que se destinarán al desarrollo de actuaciones recogidas en los planes de vivienda, y además en las localidades de procedencia de lo recaudado.

Así, y tras anteponer las políticas de vivienda de los socialistas frente a las de la derecha, ha reconocido que es una ley "intervencionista", pero "en beneficio de los que más lo necesitan".