04 mayo 2022 | Publicado : 12:05 (04/05/2022) | Actualizado: 17:19 (04/05/2022)
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un decreto ley por el que se regula la actuación de la Junta de Extremadura y se establecen medidas urgentes en respuesta a los desplazamientos de personas por razones humanitarias a causa de la guerra en Ucrania.
En concreto, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González, se trata de un decreto ley de los denominados “ómnibus” por afectar a varios departamentos de la Administración regional, y que cuenta con tres grandes bloques, el primero de los cuales es el de carácter más urgente y está orientado a dar protección y asistencia a las familias procedentes de Ucrania por el conflicto bélico en ese país.
Así pues, tal y como ha subrayado el responsable durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, todos los grupos familiares de origen ucraniano que hayan llegado a la Comunidad Autónoma como consecuencia del conflicto bélico serán consideradas en situación de vulnerabilidad o crisis y podrán acceder a prestaciones de la Junta de Extremadura.
En este sentido, a las personas afectadas por el conflicto de Ucrania no les será exigible el requisito de residencia previa en la Comunidad Autónoma para poder acceder a la prestación de la Renta Extremeña Garantizada, según informa la Administración autonómica en una nota de prensa.
Asimismo, la Junta de Extremadura creará un Registro de Familias Solidarias que hubieren expresado o expresen su voluntad de acoger familias ucranianas con menores o menores que procedan de Ucrania y también se crea la figura del Acogimiento Temporal Solidario en respuesta a la necesidad de ofrecer protección a los menores de origen ucraniano que hayan llegado a Extremadura.
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Por otro lado, a los efectos de la intervención por los Servicios Sociales de Atención Social Básica y, en su caso, de los Programas de Atención a Familias, todos los grupos familiares de origen ucraniano que hayan llegado a nuestra Comunidad Autónoma como consecuencia del conflicto bélico serán consideradas en situación de vulnerabilidad.
De la misma forma, el Sistema Educativo Extremeño, el Servicio Extremeño de Salud (SES), los Servicios Sociales de todos los ayuntamientos extremeños y los Programas de Atención a Familias colaborarán con la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias en relación con la llegada de personas desplazadas de Ucrania a la región.
De hecho, más allá de estos regímenes especiales que van a permitir extender determinadas ayudas de carácter social en favor de las personas de origen ucraniano, también, con ocasión de la crisis surgida a partir de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se han producido importantes consecuencias económicas que obligan a la Junta de Extremadura a abordar determinadas modificaciones legislativas en materia de contratación pública.
Todo ello con el fin de "tratar de dar respuesta a la nociva situación que la escalada de precios en los materiales de obra pública está provocando al interés público", precisa el Ejecutivo regional.
AGRADECIMIENTO A LAS FAMILIAS EXTREMEÑAS POR SU SOLIDARIDAD
Por tanto, según los datos facilitados por el portavoz del Ejecutivo, son 608 personas procedentes de Ucrania las que se encuentran en este momento en la región, de las cuales 255 son menores de 18 años (un 42 por ciento).
Además, el número total de personas en dispositivos de emergencia es de 188 y el de personas en tránsito (que han pasado por Extremadura aunque no se han quedado) es de 1.731. Al mismo tiempo, se han expedido 513 tarjetas sanitarias y hay además 191 menores escolarizados. Por lo que respecta al número de ofrecimientos para acoger a quienes han huido de la guerra se cifra en 1.291 personas.
Finalmente, Juan Antonio González ha agradecido la solidaridad de las familias pero, al mismo tiempo, ha hecho un llamamiento para que se ponga en conocimiento de los servicios sociales de los ayuntamientos la llegada de personas procedentes de Ucrania con el fin de regularizar su situación, por una parte, y también con el objetivo de que se les pueda prestar ayuda y asesoramiento.
REVISIÓN DE PRECIOS
Por otro lado, este decreto ley incluye además un segundo bloque de medidas de carácter económico para dar respuesta a la situación que la escalada de precios en los materiales de obra pública está provocando al interés público.
En este sentido, según ha explicado el portavoz, se flexibilizan las medidas que se han adoptado hasta ahora para la revisión de los precios en las licitaciones públicas.
De este modo, podrán incluirse los contratos de suministros de materiales y de servicios necesarios para la ejecución de una obra pública, y, por otra parte, se eliminan los porcentajes que limitaban el acceso a los beneficios por la subida del precio de los materiales.
De la misma forma, este decreto ley sustituye esos porcentajes por un límite mínimo de precios que posibilitará un acceso más adecuado a los beneficios.
MEDIDAS TRIBUTARIAS
En esta misma línea, este decreto ley incluye un tercer bloque de medidas de carácter tributario, según ha detallado el portavoz del Ejecutivo. Por un lado, se establece una bonificación del 99% sobre la cuota del Impuesto de Donaciones, condicionado en exclusiva a la cuantía de la donación para los grupos I y II (descendientes, cónyuges y ascendientes). La base máxima de la reducción será de 300.000 euros, con carácter general.
No obstante, cuando el donatario tenga la consideración legal de persona con discapacidad, la base máxima de la reducción no podrá exceder de 450.000 euros, detalla el Ejecutivo regional.
Esta medida, según ha precisado González, era un compromiso adquirido por el presidente de la Junta de Extremadura y beneficiará especialmente al ámbito de la empresa familiar, ya que facilitará que haya más liquidez en estas empresas y contribuirá a la creación de empleo.
Por otra parte, y en relación con el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se modifican los tipos de gravamen correspondientes a aquellos vehículos con mayores emisiones de CO2 o de más elevado valor. Para el resto de vehículos, se aplicarán de los tipos de gravamen generales establecidos en la Ley 38/1992 de impuestos especiales.
