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De Miguel: "Que ni un euro de los fondos europeos vaya a parar a cuentas de Unicaja"

Asegura que el ERE que plantea Unicaja supondrá el cierre de 78 oficinas, el despido de 153 trabajadores y la exclusión financiera en zonas rurales

08 noviembre 2021

La coalición Podemos Extremadura ha exigido medidas inmediatas ante el cierre de oficinas que plantea Unicaja en la región.

La coordinadora del partido, Irene de Miguel, ha alertado de que el ERE anunciado por la entidad supondrá el despido de 153 trabajadores y el cierre de 78 sucursales en Extremadura.

Pero, además, "la exclusión financiera de los vecinos y vecinas de muchas zonas rurales, sobre todo de personas mayores que no tienen capacidad de utilizar la banca online y que no disponen de medio de transporte para desplazarse a otros lugares".

De Miguel ha alertado de que este cierre no se plantea porque Unicaja tenga pérdidas económicas, "porque el año pasado tuvo un 41 por ciento más de beneficios y desde que se funcionó con Liberbank ha multiplicado por 12 sus ganancias".

Junto con ello, ha subrayado que "su consejero delegado se ha subido el sueldo un 18 por ciento este año, hasta llegar a más de medio millón de euros al año".

Ante esta situación, la coordinadora de Podemos Extremadura ha recordado que en 2018 Podemos ya presentó una iniciativa en la Asamblea, que fue aprobada por unanimidad, para luchar contra la exclusión financiera, "en la que se contemplaba que la Junta dejara de operar y cancelara las cuentas con entidades que planteaban el cierre de las oficinas teniendo beneficios".

De Miguel ha recalcado que, "desde 2018, el gobierno de Vara no ha hecho nada, por eso creemos que es cómplice si sigue en la inacción".

De hecho, ha insistido en que hay que tomar medidas inmediatas para luchar contra la eliminación de servicios públicos básicos, como son los servicios bancarios.

Y, para ello, además de exigir el cumplimiento de la iniciativa aprobada en la Asamblea, también ha pedido "que ningún euro de los fondos europeos termine en cuentas de Unicaja".

Según De Miguel, "la Ley de Reto Demográfico que se está tramitando en la Asamblea debe contemplar la necesidad de licitar y operar con entidades bancarias que tengan responsabilidad social y territorial".

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